El ABOGADO Ramón Cadena, experto en derechos humanos, evalúa la importancia de la sentencia condenatoria en el caso de Fernando García.
Por Louisa Reynolds. Publicado en la edición electrónica del "ElPeriódico" del 12 de Noviembre de 2010
¿Cómo sienta precedente la condena en el caso de Fernando García?
– Ahí ya hay una sentencia que reconoce que la desaparición forzada es un delito continuado. Aunque los tribunales de primera instancia no sientan jurisprudencia, están mostrando un compromiso con los derechos humanos.
Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) impidió el avance del caso de la quema de la Embajada de España.– La CC tiene sentencias importantes como la de desaparición forzada pero en la justicia transicional –que investiga y condena las violaciones de derechos humanos durante los conflictos armados– ha jugado un papel nefasto. Evitar la extradición a España en diciembre de 2007 de los acusados de la quema de la embajada fue una sentencia de impunidad; este año emitió otra sentencia contraria a los derechos humanos cuando entorpeció la labor de la Cámara Penal para reiniciar la investigación del caso de Efraín Bámaca.
El próximo año llega a tribunales el juicio por la desaparición de Alaíde Foppa.
– Sería importante que se diera una condena, ya que por primera vez se estaría juzgando y sentenciando a un funcionario de alto nivel del gobierno de (Romeo) Lucas García.
¿Cuán importantes son los archivos de la Policía Nacional como evidencia documental?
– Tienen hechos y datos, recogen la historia de un país.
¿Qué revelan casos como el de Fernando García sobre la cadena de mando al interior de las estructuras policiales y militares?
– La justicia está identificando a los responsables materiales, pero identificar a los responsables intelectuales es más difícil. Las sentencias dan conclusiones importantes respecto de la relación entre militares de alto nivel y mandos medios.
¿Puede el dominio del hecho utilizarse como argumento de la defensa?
– La CC ha emitido otra vez una sentencia en la que insinúa que la Cámara Penal, en el caso de Río Negro, debería de revisar una sentencia y da a entender que se debió tomar en cuenta el principio de obediencia debida. Es gravísimo que el tribunal más alto dé a entender que estas personas actuaron bajo órdenes superiores y que debiera haber una exención de responsabilidad penal. Hay un principio básico que dice que no se puede invocar la obediencia debida: estas personas ya eran mayores de edad, sabían lo que hacían, si bien se puede considerar que eran militares de menor rango, el principio básico los obligaba a no acatar órdenes ilegales.
Hablando de impunidad, ¿cómo evalúa el trabajo de la CICIG?
– El grave problema con la CICIG es que para lograr resultados efectivos depende del apoyo del sistema de justicia, del Ejecutivo, y en Guatemala el Estado está tan cooptado que el Congreso no aprueba las leyes que la CICIG pidió desde hace rato. Debemos poner en la agenda la discusión de qué hacer después de la CICIG. Si el mandato no es prorrogado y si se retirara, la situación de Guatemala ameritaría la creación de un tribunal especial o ad hoc.
¿Es necesaria la anuencia del país para esto?
– No, esta es una de las medidas que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede tomar para el mantenimiento de la paz mundial. Sería un criterio que se aparta de que sólo durante las guerras se atenta contra la paz mundial. En mi opinión podríamos decir que el narcotráfico y las mafias atentan contra la paz.
¿El mandato incluiría sólo casos del presente o los del conflicto armado?
– Por la debilidad de las instituciones, la falta de respuestas del sistema de justicia, la grave impunidad y la gran cantidad de estructuras paralelas, un tribunal especial para Guatemala sería para crímenes cometidos durante el conflicto armado y crímenes en la época moderna.
¿Es un tema discutido ya?
– Con algunas embajadas, pero la posición es que cuando se dieron las masacres hubiera sido el momento; sin embargo, cualquier intento de crearlo era bloqueado por Estados Unidos o por la Unión Soviética. Aunque sea muy difícil que el Tribunal Internacional apruebe un tribunal ad hoc para Guatemala, las circunstancias lo ameritarían. Vendría a lograr algo que el sistema de justicia no ha logrado: procesar a los responsables de crímenes graves. Nosotros le dimos demasiado tiempo a la justicia y todos esos grupos que ejercían un control sobre la justicia se fortalecieron, se organizaron y se redistribuyeron en diferentes actividades delictivas.
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