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10 febrero 2010

JUSTICIA PARA CANDELARIA

Fuente: Edición electrónica del diario "Prensa Libre"
Autor: columna A CONTRALUZ del periodista Haroldo Shetemul
  
EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, Candelaria Acabal, de 24 años, logró huir de la casa donde era retenida como esclava en Santa Cruz del Quiché. La víctima, una indígena k’iche’ originaria del cantón Tzujil, San Pedro Jocopilas, denunció en la alcaldía indígena y el Ministerio Público que desde los 14 años había sido maltratada psicológica, física y sexualmente en la casa del ex diputado eferregista Manuel Rodríguez, donde estuvo empleada como trabajadora doméstica. Candelaria informó que quien más se ensañaba contra ella era la esposa del ex legislador, Olga Marisol Natareno, quien la llegó a obligar a acostarse con varios hombres y por eso padecía enfermedades de transmisión sexual. Relató que en una ocasión fue violada por un individuo, por órdenes de Natareno, quien la hizo comerse una toalla femenina llena de sangre.

LAS DENUNCIAS de Candelaria definen un cuadro tipificado por los delitos de discriminación, lesiones, amenazas, coacción, sometimiento a servidumbre y trata de personas. “Me pegaban con paletas, con alambres, con la mano o con lo que tuviera a su alcance. Me quemaban la espalda con agua o plancha caliente (…) No podía hablar con mi familia, pues me mantenían cautiva dentro de la casa. La señora (Natareno) me cortó el pelo, me quitó el traje típico y me ordenó vestir con pantalón y blusa. Me decía que los indios somos muy sucios”, indicó.

LAS ACUSACIONES de la víctima están respaldadas por 55 fotografías que muestran los golpes en su cuerpo, así como los informes del Inacif. En su columna de opinión en El Periódico, del 1 de febrero recién pasado, Irma Alicia Velásquez dice: “El detallado informe médico practicado (a Candelaria) por el Inacif es espeluznante, entre 19 hemorragias cerebrales y golpes en el cuerpo, nueve cicatrices de diferentes centímetros de ancho y largo por heridas cortocontundentes en el rostro y el cuerpo, y seis cicatrices por quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo, especialmente en su tórax. El informe indica que las lesiones, heridas y quemaduras fueron hechas con objetos contundentes y con sustancias calientes sin poder especificar el tipo”. Candelaria también informó que sus verdugos mantenían sometida a Isabel Hernández, otra empleada doméstica, en similares condiciones que ella. Cuando las autoridades acudieron al domicilio de los Rodríguez, el año pasado, encontraron a Isabel con golpes en el rostro y el cuerpo, pero esta no quiso salir de la vivienda, por lo que se consideró que había sido obligada a no delatar a sus agresores.

PESE A LAS EVIDENCIAS, Rafaela Salazar, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Cruz, declaró falta de mérito a favor de Olga Marisol Natareno. A esta juzgadora le ha importado un pepino la violación sistemática de los derechos humanos de una k’iche’ y decidió cerrar el proceso. Quizá porque la víctima es una indígena sin ningún recurso económico ni influencia política, consideró que no valía la pena abrir a juicio este caso, con lo cual se demuestra que la justicia en Guatemala está podrida y jueces como Salazar bailan al son que les toquen. Por ello, es necesario reabrir este caso y llevarlo a juicio porque una de las consecuencias del fallo de la mencionada jueza es que ahora Candelaria ha tenido que retractarse de sus denuncias por temor a que ella y su familia puedan sufrir represalias de sus victimarios, además de estar siendo vigilada.

09 febrero 2010

DIPUTADO ESTUARDO GOMEZ CRISTIANI ACUSADO DE PROSTITUIR A JOVENES

fuente: Edición electrónica de "Prensa Libre", "La Hora", "ElPeriódico", entre otros.
Paul Estuardo Gómez Cristiani, diputado distrital de Retalhuleu por el Partido Patriota, fue acusado por la Fiscalía de la Mujer de que el 18 de abril de 2008, cuando se encontraba en un hotel ubicado en la zona 1, cuando dió instrucciones de que le llevaran a dos menores de edad a su habitación para inducirlas a tener relaciones sexuales con él.  El congresista ha negado en todo momento los hechos e indicó que él se encontraba en esa fecha en Retalhuleu. El informe del juez pesquisidor arroja otras dos fechas en las que supuestamente ocurrió el hecho.

ALGUNOS DATOS CRONOLÓGICOS
El 26 de Febrero, Carlos Otzoy, padre de las víctimas, solicitó a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad al diputado Goméz Cristiani.

29 de Abril de 2009, la Corte Suprema de Justicia designó como juez pesquisidor a Napoleón Gutiérrez para que investigue al diputado del Partido Patriota señalado de promover la prostitución de dos menores.

El 4 de Mayo de 2009, los padres de las menores (Carlos Otzoy y Aura Valenzuela) ratificaron  ante la Sala Primera de Apelaciones, la denuncia contra el diputado del Partido Patriota, Estuardo Gómez Cristiani, por corrupción de menores.

29 de Mayo de 2009, Ald Hans Soto Quintanilla, asesor del diputado, Paul Estuardo Gómez Cristiani, declaró ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal para solventar su situación pues es sindicado de corrupción de jóvenes en grado de tentativa. Sobre él pesaba una orden de captura por el intento de abusar sexualmente de las dos menores.

El 12 de Junio de 2009, Norma Cruz, Directora de Fundación Sobrevivientes, declaró ante la Sala Primera de Apelaciones como parte de las diligencias contra el diputado en cuestión. En su declaración denunció ante el juez pesquisidor que la familia de las dos adolescentes víctimas y ella recibieron presiones para desistir de la denuncia. Hubo ofrecimientos económicos para retirar la demanda judicial contra el diputado. Mencionó que: “Esto, a pesar de que una de las jóvenes fue víctima de intento de asesinato, como parte de una fantasía sexual de Al Hans Soto, ex asesor de Gómez, quien supuestamente le colocó una almohada en el rostro y le presionó la garganta”.

El 25 de junio 2009, Goméz Cristiani es expulsado del Partido Patriota, debido al desgaste que ocasionaba su situación al ente político. Pasó al partido político Gran Alianza Nacional.

23 de Julio de 2009, Napoleón Gutiérrez, juez pesquisidor en el antejuicio contra el congresista, recomendó a la Corte Suprema de Justicia que se retire la inmunidad al legislador, ya que al concluir su investigación, determinó que los hechos denunciados sí existieron. Con varios documentos y testimonios se comprobó la existencia de llamadas telefónicas entre algunos abogados del Partido Patriota y los padres de las menores agraviadas, entre el auxiliar de Gómez y los padres, la existencia del hotel, la permanencia del legislador en el mismo y que durante ese período los involucrados laboraban en el Legislativo, por lo que hubo relación entre ellos.

11 de noviembre de 2009, le fue removida la inmunidad de que gozaba por ser parlamentario. El anuncio lo hizo el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Napoleón Gutiérrez. La Fiscalía de la Mujer solicitó a un juzgado de Primera Instancia Penal del Organismo Judicial, que ordenara el arraigo contra el sindicado para evitar que salga del país.

8 de Febrero 2010,  el diputado Goméz Cristiani quedó ligado a proceso por el delito de corrupción de menores, y se le fijó una fianza de Q30 mil, luego de rendir su primera declaración ante el Juzgado Séptimo de Instancia Penal.
OTROS INVOLUCRADOS
También están involucrados Melany Marín Estrada Valenzuela y Ald Hans Soto Quintanilla, por corrupción de menores, ya que, según las investigaciones, estuvieron presentes cuando el diputado incurrió en el ilícito. Aunque tanto Melany Estrada como Soto gozan de una fianza de Q2,000.00 otorgada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de la capital que les evitó estar en prisión preventiva, están ligados a proceso.

A Melany Estrada Valenzuela, 18 años de edad, se le sindica de reclutar a niñas para prostituirlas y ponerlas a disposición del diputado Paúl Estuardo Gómez Cristiani.

Está pendiente de determinar fecha para que la fiscalía solicite la apertura a juicio contra los dos ex trabajadores de Gómez Cristiani.

Resumen elaborado con información de:
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=58398&fch=2009-11-13
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=59685&fch=2009-12-10
http://www.transdoc.com.gt/interna.php?id=9827
http://groups.google.com/group/chapinesconvoz/web/atracos-y-asaltos
http://www.elperiodico.com.gt/es/20100209/pais/136827/
Edición electrónica del diario "Prensa Libre" del: 27 de febrero; 29 de abril; 4 de mayo; 12, 13 y 26 de junio; 25 de julio todo del año 2009 y del 8 de febrero de 2010

08 febrero 2010

PIDEN TIPIFICAR CASO DE CANDELARIA ACABAL BAJO EL DELITO DE TRATA

Por: Héctor Javier Tecum/ L. Álvarez
Fuente: Edición electrónica de "ElPeriódico"

La Fundación Sobrevivientes pedirá que el caso de Candelaria Acabal Alvarado sea conocido por la Fiscalía de Trata de Personas porque los delitos incurridos encajan en esta figura, además solicitarán ser parte del proceso como querellantes adhesivos.
Jueza Rafaela Sálazar López
En este caso el Juzgado de Primera Instancia penal de Santa Cruz del Quiché declaró falta de mérito a favor de Olga Marisol Natareno Taracena, esposa del ex diputadopor Quiché, Adolfo Manuel Rodríguez Recinos, por los delitos de discriminación, lesiones leves, amenazas, coacción y sometimiento a servidumbre.

VARIOS DELITOS
Candelaria Acabal Alvarado, una joven de 24 años originaria de San Pedro Jocopilas, denunció que durante 10 años fue víctima de maltrato físico y verbal por parte de Natareno Taracena, mientras fungía como trabajadora de casa particular en su residencia.

En la denuncia consta que Acabal Alvardo declaró que “cuando no hacía bien mis oficios era peor porque me trataba peor que un animal, me decía: Sos ignorante, india, puta, hija de la gran puta, como hiedés cholera”. Además acusó a Natareno Taracena de otros abusos como tirarle la comida y hacerla comer las heces del perro.

Acabal Alvarado denunció que también fue obligada a tener relaciones sexuales con el chofer del ex diputado y con otro hombre que trabajó haciendo muebles para Natareno Taracena.

Pese a estas declaraciones, los informes y fotografías tomadas por los peritos, César Augusto Zacarías Garzona, secretario del juzgado que conoció este caso, informó que la juez Rafaela Salazar López resolvió la falta de mérito después de conocer las declaraciones de la imputada y argumentó que faltaban algunos requisitos para sustentar la investigación que presentó el Ministerio Público (MP).

La resolución del juzgado fue apelada por el MP y trasladada a la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala por ser la jurisdicción que le compete.

REVERTIR LA DECISIÓN
A criterio de Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, este caso debe ser trasladado al área metropolitana para evitar el tráfico de influencias y tipificar el delito como Trata de Personas. “Se puede rescatar el caso”, agregó.

La Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) asesoró a la agraviada, sin embargo Acabal Alvarado se retractó por temor a las represalias.

Actualmente es difícil llegar a la casa de Candelaria Acabal, municipio de San Pedro Jocopilas, debido a que otras personas se han involucrado en el caso y no dejan que ella hable con la prensa ni con ninguna otra persona acerca del tema, “la están vigilando constantemente”, según dijo una de las vecinas que pidió la omisión de su nombre.

CANDELARIA ACABAL ALVARADO (II)

Por Irmalicia Velásquez Nimatuj
Fuente: Edición electrónica de "ElPeriódico"

¿Por qué dos mujeres, la esposa de un diputado y una juez, violentan a extremo la vida de otra mujer? Preguntó la periodista de Prensa Libre, el pasado 28 de enero en la conferencia de prensa en la que la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se pronunció en contra de la resolución de la juez Rafaela Salazar López, a favor de Marisol Natareno Taracena, quien durante 10 años esclavizó a Candelaria Acabal, quien llegó a su casa siendo una adolescente analfabeta de 14 años a trabajar en oficios domésticos y desde entonces, hasta hoy –lo que esta k’iche’ de 24 años pero que parece de más de 40– ha vivido una tragedia de sometimientos, abusos físicos y sexuales que no concluyen porque se le niega el derecho a la justicia.
La imparcialidad no llega a los pobres ni a los “indios”, lo que llega es la injusticia que esta vigilándolos para someterlos.
Quizá por ser una joven pobre e indígena rural, quizá por no tener un título que la legitime ante la sociedad, quizá porque nunca ha trabajado con organizaciones sociales, porque no conoce a nadie, porque no puede leer ni escribir su propio nombre es que su calvario no importa. No duele ni conmueve, menos a quien debería por obligación, como es el caso de la juez, que como plantea Carlos Guzmán Böckler “Cualquier forma de aplicación de la ley no sólo está determinada por el conocimiento que se tenga del derecho, sino por el grado de sensibilidad humana y social que priven en el ánimo del juzgador”.
Y la juez Rafaela Salazar carece no sólo de conocimiento sino de sensibilidad humana, porque sólo el detallado informe médico practicado por el Inacif es espeluznante, entre 19 hemorragias cerebrales y golpes en el cuerpo, 9 cicatrices de diferentes centímetros de ancho y largo por heridas corto contundentes en el rostro y el cuerpo, y 6 cicatrices por quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo, especialmente en su tórax. El informe indica que las lesiones, heridas y quemaduras fueron hechas con objetos contundentes y con sustancias calientes sin poder especificar el tipo.

No hay respuestas únicas, pero un cuerpo de mujer no garantiza una conciencia de mujer. Esto aplica para hombres y mujeres indígenas que habiendo modificado su condición de clase, queman las barcas que los unen a sus pueblos como una manera de enterrar su conciencia étnica y a partir de ese paso, su postura será de silencio o de complacencia con el opresor de sus pueblos.

A LA DERIVA ¿QUÉ PASA CON LOS HIJOS DE LAS MUJERES ASESINADAS?

Fuente: Edición electrónica del diario "ElPeriódico"
Por: Paola Hurtado
  
Un grupo de universitarios intentó localizar a los hijos de las mujeres que murieron de forma violenta en los últimos tres años. Lo que encontraron fue peor de lo que supusieron. Los niños no sólo viven sin madre. Muchos se quedan a la deriva, se pierden del mapa, nadie pregunta por ellos.

La asesinaron en un bar de la zona 6. No era prostituta. Tampoco pandillera ni narcotraficante. Era la agente de seguridad del lupanar desde hacía un mes, se llamaba Gladys y no le dio tiempo de detonar su arma. Dejó seis hijos hambrientos y sucios, un esposo deprimido y una casa a orillas del barranco que se cae en pedazos.

Viven cerca de las pestilencias del basurero de la zona 3, en un terreno escabroso con vista a los osarios del Cementerio General. Su casa es una guarida de gatos peleoneros: los niños riñen todo el día mientras el padre trabaja como albañil en el camposanto. El hombre de 59 años está demasiado ensimismado para que le importe que los niños llegan a la escuela con los piojos colgando, arrastrando los zapatos rotos y la ropa raída. O que cuatro de ellos no existen legalmente porque nunca fueron inscritos en el Registro Nacional de Personas. O que la niña mayor, la que asumió el rol materno a sus 15 años, se sienta en el pupitre con las manos apretándose el vientre y cubriéndose los genitales, y se mantenga sola y enojada con el mundo.

“Es urgente la atención psicológica. Posible abuso sexual”, se lee en el informe sobre la niña. Es el reporte que las dos trabajadoras sociales rindieron después de visitar a la familia para determinar la situación en que vive después de la muerte de la madre. El estado de la niña no era el único preocupante. La hermana de 7 años y el niño de 8 padecían de infección urinaria y anemia. La de 12 años sufría de amenorrea y la de 13, de infección de oído y tos recurrente.

La familia de Gladys es uno de los 29 expedientes de mujeres que murieron de forma violenta y a cuyos hijos investigó un grupo de 10 alumnas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos (Usac).

Las universitarias recibieron el encargo de la oficina de la Comisionada Presidencial Contra el Femicidio de presentar un diagnóstico psicosocial y económico de las víctimas colaterales de los casos de femicidio en el departamento de Guatemala. Trabajaron con base en un listado proporcionado por el Ministerio Público (MP) de mujeres que fueron asesinadas entre 2007 y 2009. La investigación se realizó entre octubre y noviembre de 2009 y los resultados fueron presentados la semana pasada.

Los casos provinieron de las 4 agencias de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida encargadas de investigar los delitos que atentan contra las mujeres. Entre 2007 y 2009 la Policía Nacional Civil (PNC) registró más de 2 mil homicidios de mujeres.

Sin embargo, el listado que el MP proporcionó a los investigadores a través de la oficina de la Comisionada se limitó a 29 expedientes por ser las únicas víctimas del departamento de Guatemala, que la Fiscalía tenía certeza de que eran madres y contaba con una dirección para localizar a sus familiares. Todos los procesos estaban en fase de investigación.

A partir de esa lista, Elsa Arenales, coordinadora del departamento de extensión de la Escuela de Trabajo Social, repartió el trabajo entre una decena de estudiantes.

El listado se redujo a 23 casos después de descontar 6 que no correspondían al departamento de Guatemala. Luego el MP les remitió 16 más pero eran los mismos de la lista inicial con excepción de dos. Después de dos meses de búsqueda sólo fue posible localizar a los hijos de 9 mujeres asesinadas, 25 niños en total.

Lo que encontraron las investigadoras sobrepasó sus prudentes expectativas. Ninguno de estos 25 menores, determinaron, vive en condiciones aceptables. Todos requieren de atención psicológica. Muchos viven en situaciones desastrosas: niños enfermos física y emocionalmente, separados de sus hermanos y familiares cercanos, malnutridos, sucios, tristes. Pequeños que fueron arrancados de sus viviendas (algunas aún permanecen acordonadas con la cinta amarilla del Ministerio Público) y, en algunos casos, fueron testigos del asesinato de su madre.

La muerte de estas madres no sólo resquebrajó el núcleo familiar. Provocó, en el mejor de los casos, que sus familiares asumieran la responsabilidad de sus hijos y pasaran de la pobreza a la pobreza extrema. Los pequeños con menos suerte quedaron en manos de parientes lejanos, conocidos o vecinos sin que mediara ningún trámite legal o registro de en manos de quién están. Hay hijos de mujeres asesinadas que se convirtieron en pandilleros. Y eso que sólo se trata de nueve casos. La pregunta que Elsa y sus investigadoras se hicieron fue: ¿y cómo estará el resto?

LAS OTRAS VÍCTIMAS
Alba Trejo, comisionada presidencial contra el Femicidio, se preguntó qué pasaba con los hijos de tantas mujeres que matan en el país. Más de 4 mil mujeres han muerto de forma violenta a partir de 2001, cuando se empezó a llevar el conteo. Según la Policía Nacional Civil, 722 mujeres murieron en 2008 y 716 en 2009. Eso equivale a casi 2 mujeres por día.

En el país se han hecho más de 70 estudios sobre las muertes de mujeres, expone Trejo. La mayoría de ellos fueron financiados por la cooperación internacional y profundizan sobre quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios.

Pero nunca se ha estudiado a fondo a las otras víctimas de estas muertes: los niños.

Trejo enviudó en junio de 2008. El padre de sus hijas, el entonces ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, murió trágicamente al precipitarse el helicóptero en el que viajaba junto con su Viceministro de Petén a la capital, un accidente que aún no ha sido esclarecido. Percatarse de que su caso se replica a diario, para cientos de familias, motivó a la ahora funcionaria a promover un diagnóstico de qué está pasando con los hijos de las mujeres asesinadas: ¿qué pasa cuando se rompe de esta manera el tejido social? ¿y qué estrategias integrales se deben definir para atenderlos?

La Escuela de Trabajo Social aceptó colaborar con el proyecto. Los hallazgos del informe preliminar fueron presentados la semana pasada a los periodistas, instituciones relacionadas con la niñez y representantes de la cooperación internacional.

Una de las conclusiones de esta primera entrega del estudio, explica Trejo, es que aunque en el país existe un protocolo de atención a los niños en situación de riesgo este no se aplica para los hijos de las mujeres asesinadas. No hay una instancia que se encargue de detectarlos, registrarlos y darles seguimiento. Los pequeños quedan a la deriva y no se sabe con exactitud en manos de quién. Ninguna institución está prestándoles atención psicológica ni médica. No hay estudios que determinen si las personas que se quedan bajo su cuidado tienen la capacidad de hacerlo. Los niños rara vez forman parte de los expedientes de sus madres asesinadas –prueba de eso es el reducido listado que remitió el MP– y cuando sí figuran nadie asume la responsabilidad de seguirles el rastro. No atender a estos pequeños los sitúa en el alto riesgo de perpetuar la violencia de la que fueron víctimas.

“LA MATÓ MI PAPÁ”
Los primeros hallazgos de las trabajadoras sociales fueron que en las direcciones ya no vivía nadie que pudiera dar razón por la familia de la mujer asesinada. O al menos así se los informaron los nuevos inquilinos de las casas y vecinos. El miedo de hablar fue una situación recurrente. En otros casos –los menos– sí encontraron en los alrededores información sobre el paradero de las familias y preguntando y preguntando consiguieron dar con nueve casos.

Las investigadoras trabajaron en parejas y los casos pertenecían a barrios populares o marginales. Para los adultos utilizaron cuestionarios de preguntas abiertas; y a los niños los sometieron a dos pruebas que revelaran su estado emocional: les pidieron dibujar un árbol y a su familia. El primero refleja cómo se siente el niño; el segundo, cómo se siente dentro de su familia.

“A mi mamá la mataron”, contó con normalidad una diminuta niña que dibujaba a su madre. Un niño que vive en la zona 5 y que se había negado a pintar aceptó a conversar varias horas con Liliana Ortega, la trabajadora social. De pronto soltó: “Es que mi papá mató a mi mamá”.

Ninguno de los niños encontrados había recibido atención psicológica. Ni siquiera el pequeño de 8 años a cuya madre y abuela masacraron los pandilleros en la zona 18.

“Todos los casos nos impactaron, pero algunos rebasaron lo que creíamos posible de encontrar”, cuenta Arenales, la coordinadora del proyecto. De dos niñas tienen sospechas de que están sufriendo abusos sexuales. Hay un menor que está en manos de sus abuelos que podría padecer de retraso mental y no está recibiendo la atención necesaria. Y hay dos chicos que ya recibieron impactos de bala y quedaron gravemente dañados, presuntamente por su participación en pandillas.

ATENCIÓN INTEGRAL
Una de las quejas más frecuentes que detectaron las investigadoras con las familias de las mujeres asesinadas fue que el caso no había sido resuelto. “Aquí nadie había venido a preguntarnos nada. Usted es la primera”, le relató una familia a Ligia Zavala.

El cuadro más frecuente que encuentra el MP cuando se investiga el crimen es que los huérfanos quedan en manos de abuelas o tías. Y en muy pocos casos con los padres o hermanos mayores, cuenta un agente fiscal.

Aunque la mayoría de familia tiene las mejores intenciones de hacerse cargo de los huérfanos no todas están en la capacidad de hacerlo, advierte Arenales. La trabajadora social plantea la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de llevar un control de qué sucede con ellos. “No estamos planteando que se institucionalicen, no, pero sí que se sepa en manos de quién quedan y si esa persona tiene los recursos económicos y afectivos para hacerse cargo de los niños”, plantea.

A raíz del estudio se propuso la creación de una clínica que brinde atención integral y gratuita a las víctimas colaterales de las muertes violentas de mujeres (incluyendo a los adultos afectados por la muerte de la mujer). Esta debería contar con médicos, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. Estuardo Gálvez, rector de la Usac, asegura que esta unidad podría empezar a funcionar en abril en el antiguo Paraninfo Universitario, zona 1, y estaría a cargo de estudiantes que cursan la práctica supervisada y profesores.

Actualmente, la Unidad de Psicología de la Escuela de Trabajo Social de la Usac le da terapia a tres de los niños que fueron objeto de estudio, pero no está en la capacidad de atender a todos.

Según un estudio presentado por el Ministerio de Gobernación en 2008, el 61 por ciento de los femicidios en la capital son producto de la violencia intrafamiliar y el 45 por ciento ocurre en la vivienda de las mujeres. El Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (Propevi) adscrito a la Secretaría cuenta con unidades para brindar atención psicológica, médica y legal a las víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, las víctimas colaterales de los asesinatos de mujeres no son parte de la población que atienden Arenales reconoce que estos 25 niños y 9 casos que figuran en el diagnóstico sólo les permitieron asomarse a un problema del cual se desconoce su magnitud. “Esta investigación debe continuar y deben ponerse en marcha medidas concretas”, expone. A partir de este diagnóstico la Escuela se interesó en estudiar qué sucede con los hijos de los pilotos de buses asesinados.

Los dibujos fueron tomados de los expedientes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos (Usac).
EN MANOS DE LOS ABUELOS
Zona 4. Dos niños de 3 y 1 año son cuidados por los abuelos, quienes se hacían cargo de ellos desde antes de que muriera su hija, quien era drogadicta. La pareja alquila dos cuartos en un hospedaje y gana Q50 diarios. Él remienda zapatos en La Terminal y se lleva al niño mayor. Lo deposita en un cajón mientras trabaja. El niño podría padecer de retraso mental.
MI FAMILIA FELIZ
Zona 6. Tres huérfanos de 17, 14 y 6 años. El mayor tiene perforado el intestino, lo hirieron con arma de fuego. Ya no vive en la casa. El hermanito vive con la abuela paterna y la niña, con la tía. Fue testigo del asesinato y llora cuando llueve. Dibuja a su madre en primer plano y a sus hermanos tomados de la mano, sonrientes. El árbol presenta un nudo grande en el tronco, producto del trauma. Es una niña cariñosa.

HERMANOS DIVIDIDO
Villa Nueva. Cinco hermanos de 15, 13, 12, 10 y 6 años. Dos viven en una casa hogar y tres con la tía, quien no tiene la capacidad económica de hacerse cargo de todos. En el dibujo de la familia, uno de los niños sólo dibujó a su hermano mayor y a la madre. Omitió al padre y al resto de niños. Su árbol denota tristeza y falta de afecto. Se sospecha que el padre es el homicida.

LLORA EN LAS NOCHES
Zona 16. Una niña de 5 años vive con su abuela y el esposo de ella, su tía y primas. Es caprichosa y grita. Su conducta se altera cuando hay actividades escolares, y no tiene contacto con su progenitor. La familia sospecha que él tuvo que ver con la muerte de la mamá de la niña. En su dibujo la pequeña retrató a las amigas. No se identifica con el hogar en el que vive. A veces llora por las noches y duerme con el esposo de la abuela.

06 febrero 2010

SOBREVIVIENTES DENUNCIA POSIBLE TRAFICO DE ORGANOS EN CASOS DE FEMICIDIO

Fuente: Reporte informativo de Cerigua
 
Integrantes de la Fundación Sobrevivientes no descartaron la posibilidad de que entre las causas de los asesinatos de mujeres y del femicidio en Guatemala se encuentre el tráfico de órganos, debido a casos especiales registrados en el 2009.

Norma Cruz, representante de la Fundación, indicó que la entidad que representa da seguimiento al caso de Cindy Yolanda Herrera, de 21 años, quien fue encontrada el 3 de mayo de 2009; desapareció dos días antes y tenía siete meses de gestación.

Sus victimarios la asesinaron y le practicaron una cesárea, posiblemente para robar al neonato, ya que aún no hay noticias de su paradero; el hecho implica la participación de profesionales de la medicina y laboratoristas, los que se encargan de identificar a las víctimas, añadió Cruz.

La lideresa, nombrada Personaje del Año por Prensa Libre, señaló que en México existen bandas de traficantes de órganos, las cuales pudieron trasladarse a Guatemala, ya que el cuerpo de Herrera presentaba características similares a los encontrados en ese país.

La madre de la víctima, Mirza Álvarez, denunció el asesinato a la Fiscalía de Villa Canales, sin embargo no existen avances en la investigación; el caso es preocupante, ya que el 10 de enero del presente año, la progenitora fue objeto de un ataque armado en su vivienda, concluyó la representante de la Fundación.