Fuente: Edición electrónica de "ElPeriódico"
La Fundación Sobrevivientes pedirá que el caso de Candelaria Acabal Alvarado sea conocido por la Fiscalía de Trata de Personas porque los delitos incurridos encajan en esta figura, además solicitarán ser parte del proceso como querellantes adhesivos.
Jueza Rafaela Sálazar López
En este caso el Juzgado de Primera Instancia penal de Santa Cruz del Quiché declaró falta de mérito a favor de Olga Marisol Natareno Taracena, esposa del ex diputadopor Quiché, Adolfo Manuel Rodríguez Recinos, por los delitos de discriminación, lesiones leves, amenazas, coacción y sometimiento a servidumbre.VARIOS DELITOS
Candelaria Acabal Alvarado, una joven de 24 años originaria de San Pedro Jocopilas, denunció que durante 10 años fue víctima de maltrato físico y verbal por parte de Natareno Taracena, mientras fungía como trabajadora de casa particular en su residencia.
En la denuncia consta que Acabal Alvardo declaró que “cuando no hacía bien mis oficios era peor porque me trataba peor que un animal, me decía: Sos ignorante, india, puta, hija de la gran puta, como hiedés cholera”. Además acusó a Natareno Taracena de otros abusos como tirarle la comida y hacerla comer las heces del perro.
Acabal Alvarado denunció que también fue obligada a tener relaciones sexuales con el chofer del ex diputado y con otro hombre que trabajó haciendo muebles para Natareno Taracena.
Pese a estas declaraciones, los informes y fotografías tomadas por los peritos, César Augusto Zacarías Garzona, secretario del juzgado que conoció este caso, informó que la juez Rafaela Salazar López resolvió la falta de mérito después de conocer las declaraciones de la imputada y argumentó que faltaban algunos requisitos para sustentar la investigación que presentó el Ministerio Público (MP).
La resolución del juzgado fue apelada por el MP y trasladada a la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala por ser la jurisdicción que le compete.
REVERTIR LA DECISIÓN
A criterio de Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, este caso debe ser trasladado al área metropolitana para evitar el tráfico de influencias y tipificar el delito como Trata de Personas. “Se puede rescatar el caso”, agregó.
La Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) asesoró a la agraviada, sin embargo Acabal Alvarado se retractó por temor a las represalias.
Actualmente es difícil llegar a la casa de Candelaria Acabal, municipio de San Pedro Jocopilas, debido a que otras personas se han involucrado en el caso y no dejan que ella hable con la prensa ni con ninguna otra persona acerca del tema, “la están vigilando constantemente”, según dijo una de las vecinas que pidió la omisión de su nombre.
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