JUSTICIA PARA CANDELARIA

Fuente: Edición electrónica del diario "Prensa Libre"
Autor: columna A CONTRALUZ del periodista Haroldo Shetemul
  
EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, Candelaria Acabal, de 24 años, logró huir de la casa donde era retenida como esclava en Santa Cruz del Quiché. La víctima, una indígena k’iche’ originaria del cantón Tzujil, San Pedro Jocopilas, denunció en la alcaldía indígena y el Ministerio Público que desde los 14 años había sido maltratada psicológica, física y sexualmente en la casa del ex diputado eferregista Manuel Rodríguez, donde estuvo empleada como trabajadora doméstica. Candelaria informó que quien más se ensañaba contra ella era la esposa del ex legislador, Olga Marisol Natareno, quien la llegó a obligar a acostarse con varios hombres y por eso padecía enfermedades de transmisión sexual. Relató que en una ocasión fue violada por un individuo, por órdenes de Natareno, quien la hizo comerse una toalla femenina llena de sangre.

LAS DENUNCIAS de Candelaria definen un cuadro tipificado por los delitos de discriminación, lesiones, amenazas, coacción, sometimiento a servidumbre y trata de personas. “Me pegaban con paletas, con alambres, con la mano o con lo que tuviera a su alcance. Me quemaban la espalda con agua o plancha caliente (…) No podía hablar con mi familia, pues me mantenían cautiva dentro de la casa. La señora (Natareno) me cortó el pelo, me quitó el traje típico y me ordenó vestir con pantalón y blusa. Me decía que los indios somos muy sucios”, indicó.

LAS ACUSACIONES de la víctima están respaldadas por 55 fotografías que muestran los golpes en su cuerpo, así como los informes del Inacif. En su columna de opinión en El Periódico, del 1 de febrero recién pasado, Irma Alicia Velásquez dice: “El detallado informe médico practicado (a Candelaria) por el Inacif es espeluznante, entre 19 hemorragias cerebrales y golpes en el cuerpo, nueve cicatrices de diferentes centímetros de ancho y largo por heridas cortocontundentes en el rostro y el cuerpo, y seis cicatrices por quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo, especialmente en su tórax. El informe indica que las lesiones, heridas y quemaduras fueron hechas con objetos contundentes y con sustancias calientes sin poder especificar el tipo”. Candelaria también informó que sus verdugos mantenían sometida a Isabel Hernández, otra empleada doméstica, en similares condiciones que ella. Cuando las autoridades acudieron al domicilio de los Rodríguez, el año pasado, encontraron a Isabel con golpes en el rostro y el cuerpo, pero esta no quiso salir de la vivienda, por lo que se consideró que había sido obligada a no delatar a sus agresores.

PESE A LAS EVIDENCIAS, Rafaela Salazar, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Cruz, declaró falta de mérito a favor de Olga Marisol Natareno. A esta juzgadora le ha importado un pepino la violación sistemática de los derechos humanos de una k’iche’ y decidió cerrar el proceso. Quizá porque la víctima es una indígena sin ningún recurso económico ni influencia política, consideró que no valía la pena abrir a juicio este caso, con lo cual se demuestra que la justicia en Guatemala está podrida y jueces como Salazar bailan al son que les toquen. Por ello, es necesario reabrir este caso y llevarlo a juicio porque una de las consecuencias del fallo de la mencionada jueza es que ahora Candelaria ha tenido que retractarse de sus denuncias por temor a que ella y su familia puedan sufrir represalias de sus victimarios, además de estar siendo vigilada.