Nuestro sitio web con información y noticias: Fundación Sobrevivientes
Visita nuestro: canal en YouTube.com

26 agosto 2011

Debate y Sentencia por sustracción de niña Heidy Saraí Batz Par

Este martes 16 de agosto de efectuó la audiencia de inicio del debate oral para dilucidar situación de Abner Ludwing Cifuentes Peralta y de Virgina Velásquez Revolorio en el caso que por trata de personas y sustracción de la menor Heidy Saraí Batz Par será ventilado en el Tribunal 2o de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.
El 19 de agosto de 2011 en el Tribunal 9o de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Abner Ludwing Cifuentes Peralta y Virgina Velásquez Revolorio fueron sentenciados a 12 años de prisión inconmutable. por la sustracción de la niña Heydí Saraí Batz Par de los brazos de su madre el 4 de Abril de 2006 en la colonia Prados de Villa Hermosa.

Antecedentes
El 4 de Abril de 2006 en la colonia Prados de Villa Hermosa, le fue sustraída a la señora Raquel Par Socop su menor hija de once meses de nacida, Heidy Saraí Batz Par, cuando una señora de nombre Ana Beatriz Vásquez quien se hacía acompañar de un joven de aproximadamente 19 años de edad, y, utilizando engaños, le invitó a una bebida gaseosa; doña Raquel se mareó e inmediatamente la señora Vásquez le ofrece ayuda y carga a la bebe. Cuando la señora Raquel Par se recupera de su estado de inconsciencia parcial, ya no se encuentra presente la señora Vásquez, ni su pequeña hija.

Una señora de ese barrio que se encontraba en la puerta de su casa, observó todo lo sucedido, y al ver a Raquel totalmente desubicada y llorando tratando de encontrar en donde estaba su hija, la auxilió y le dijo que la mujer que estaba con ella se la había llevado, subiéndose a un bus y que el joven de quien se hacía acompañar se había retirado del lugar en un taxi. Asimismo, le indicó que ella conocía a esa mujer y que su nombre era Thelma Velásquez, quien vivía allí mismo en el Sector 6 de Villa Hermosa I.
Abner Ludwing Cifuentes Peralta y Virgina Velásquez Revolorio
Doña Raquel Par durante casi tres meses estuvo buscando a su hija, poniendo denuncia en el MP de Villa Canales, en la PNC, llegaron a TeleDiario a que les ayudaran poniendo un aviso, y buscaron que en varios periódicos pusieran avisos similares. Doña Raquel hace ver que las autoridades no le pusieron toda la atención a su denuncia y aún así continuó luchando por buscar a su nena.

La señora Mayra, quien se convirtió en testigo dentro del caso, algunos días después de estos sucesos, salió de compras y al abordar un bus se encontró con la señora Thelma Velásquez llevando en brazos a la pequeña Heidy Saraí Batz Par.

Casualmente esta testigo pudo conocer uno de los avisos públicos en que se pedía información por Heidi Saraí y que fueron pegados en la calle por doña Raquel y su familia. Es así como tomó contacto con la señora Raquel Par y le traslada información sobre la niña y la persona que la llevaba.

En esas condiciones doña Raquel, que no conocía la ciudad y sin apoyo de alguna institución, logra ubicar la residencia de la sindicada Virgina Velásquez Revolorio. Prácticamente doña Raquel Par realizó una parte de la investigación y es así como el Ministerio Público y la PNC allanan la residencia de estas personas, sin resultados concretos. 

Pasado un año y 7 meses de la sustracción de la niña el 12 de noviembre del año 2007 se apersonaron a la Fundación Sobrevivientes, remitidos por el Ministerio Público.

Doña Raquel Par Socop presentó denuncia al Ministerio Público. Posteriormente en el MP le expusieron los registros migratorios de emisión de pasaporte, correspondientes al año 2007. Doña Raquel encontró en el expediente 900001448516, una foto de una menor con rasgos muy similares a los de su hija sustraída. La menor está identificada con el nombre de Kimberly Azucena Ocheltree.
Honorable Tribunal 2o de Sentencia Penal

Dentro de las investigaciones realizadas se ha determinado que a la menor le fue tramitado pasaporte, con fecha 14 de Noviembre 2007, encontrándose a su vez dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, el cual fue emitido con fecha 13 de Julio de 2007. Este dictamen fue emitido cuando Mario Estuardo Gordillo Galindo fungía como Procurador General de la Nación. Sólo en 2007 se realizaron un aproximado de 2.577 adopciones de infantes, cifra que consta en los registros de la PGN.

En la base electrónica de movimiento migratorio no se encuentra salida de la menor, pero no se establece nada en relación a las salidas y entradas del país por fronteras terrestres ya que no existe archivo electrónico en estas fronteras.
Compartimos imágenes de la lucha que doña Raquel Par ha llevado a cabo en estos 5 años para lograr el regreso de su pequeña niña Heidy Sarái Batz Par.



A finales del 2008 se estableció por parte del Ministerio de Gobernación una recompensa para quien diera información sobre este caso sin que haya resultados positivos. Actualmente, no es certero determinar si efectivamente la menor identificada con el nombre de Kimberly Azucena Ocheltree, ya salió del país o se encuentra en él.

CONSTRUYENDO CIUDADANÍA PARA FORTALECER LA JUSTICIA

Por Norma Cruz, Directora de Fundación Sobrevivientes. 16 agosto 2011
Escrito para Plaza Pública, publicado en: http://plazapublica.com.gt/content/construyendo-ciudadania-para-fortalecer-la-justicia


En las últimas semanas la sociedad guatemalteca se ha visto conmocionada por la desaparición de Cristina Siekavizza, y aún más indignación causó la aprehensión de la trabajadora de casa, la señora Olga Say de 24 años de edad, originaria de Totonicapán, quien guarda prisión preventiva.

Una primera enseñanza positiva, es que se rompen los mitos de que la violencia contra la mujer es exclusividad de un sector de la población: de los pobres, de los que no tuvieron acceso a la educación.

En esta primera nota que escribo para Plaza Pública, a quienes agradezco el espacio que se me ha brindado, no entraré a comentar el caso en sí, no solo porque está bajo reserva judicial, sino porque ya bastante han publicado los medios de comunicación. Más bien, quiero hacer énfasis en aquellos elementos  negativos como positivos que está dejando el caso a la sociedad guatemalteca y al sistema de justicia. Lamentablemente, en Guatemala los avances o transformaciones se han producido a un precio muy alto. Por eso, de cada caso como sociedad tenemos la responsabilidad de verlo como el caso de todos, no es únicamente el de la familia que está sufriendo de forma directa. Recordemos que vivimos en sociedad, en comunidad, a pesar de que la violencia ha generado temor y desconfianza y eso a su vez rompe el entretejido social, y eso nos hace más vulnerables, porque nos aislamos.

Una primera enseñanza positiva, es que se rompen los mitos de que la violencia contra la mujer es exclusividad de un sector de la población: de los pobres, de los que no tuvieron acceso a la educación. Y confirma lo que he manifestado siempre en materia de violencia contra la mujer en Guatemala: no hay exclusión, las mujeres somos iguales. Se tiene la falsa idea de que las mujeres de una posición económica más desahogada tienen mayores recursos para enfrentar la violencia en el hogar, y no es así. Lo que yo he podido conocer es que en ellas el sentimiento de vergüenza es mayor, así como la opresión y el control porque el agresor cuenta con mayores recursos. Este es un caso más en donde el no identificar a tiempo la violencia y denunciarla, trae consecuencias fatales. 

Hay quienes piensan que este caso se ha convertido en paradigmático, porque Cristina pertenecía a cierta clase social al igual que su esposo y eso ha generado una mayor movilización tanto de medios de comunicación como social, Creo que esta es otra enseñanza positiva del caso y es que la familia, los amigos y amigas de Cristina y en general de las personas que conocen a la familia Siekavizza rompieron el silencio, superaron el temor y se unieron en una causa común para encontrar a Cristina, esclarecer lo sucedido y que se haga justicia. Y a este clamor se sumó la ciudadanía que conoce por los medios de comunicación lo sucedido, es increíble la cantidad de llamadas que recibe y recibimos de apoyo de personas que no conocen a la familia ni a Cristina. Esto nos dice que es posible en Guatemala recuperar la solidaridad y movilizarnos en función de cerrar filas en torno a un hecho de violencia con acciones concretas cada quien desde su espacio.

Esta manifestación la hemos vivido en otros casos, tanto en el área rural como en áreas marginales a pesar del peligro que eso puede significar, y con el caso de Cristina empieza a despertar un sector de la sociedad que hoy comprende mejor lo que viven cientos de guatemaltecos y guatemaltecas día a día con la violencia que se vive y ellos se han sumado a decir: “Alto a la violencia y a la impunidad”.

Una tercera enseñanza, y que tiene que ver en la forma en que los guatemaltecos y guatemaltecas hemos construido nuestro concepto de ciudadanía, esencialmente marcado por el clima de inseguridad, de falta de transparencia, de impunidad. Una ciudadanía ejercida con limitaciones, centrada esencialmente en aceptar la limitación en el ejercicio de nuestros derechos y por ello prevalece el silencio, ya sea por indiferencia o temor. Y por ello cuando somos víctimas de algún hecho de violencia o presenciamos un hecho de violencia, preferimos guardar silencio: no vimos, no escuchamos, no sabemos nada. Y es comprensible, queremos evitarnos problemas, riesgos, pero además la desconfianza hacia el sistema es tan grande que estamos de entrada convencidos de que lo que aportemos no va a servir de nada y todo va a quedar igual.

Pero esta actitud entra en contradicción con el clamor que hacemos porque cese la impunidad, por el clamor de que se haga justicia. Al mismo tiempo cuestionamos al ente investigador y a la policía y a los jueces por dejar libres a los delincuentes. Queremos justicia, pero no queremos ser parte de ella, y eso no puede ser posible: tenemos que arriesgarnos en todos los sentidos; desde denunciar, contribuir a la investigación con lo que sabemos, y llegar hasta el final del proceso.  Podrán decir que es fácil decirlo, pero tenemos grandes ejemplos en Guatemala, como es el caso de doña Aura Suruy, una mujer humilde, trabajadora de casa que se puso al frente para que se hiciera justicia en el caso de sus tres niñas. El caso de los padres de Keneth Alexis; Rosita, de Chiquimula, por el asesinato de su única hija, Alba Michelle; o de la familia de Rosa María y Ana Sofia Ceceña y ahora la familia de Cristina.

Y toco este punto porque va muy de la mano de la detención de la señora Olga Say. Como es del conocimiento de todos, ella estuvo presente en dos momentos álgidos del caso. La noche en que Cristina es vista por última vez en su casa, doña Olga estuvo bajo el mismo techo donde se dieron los hechos, en donde existen posibilidades de que se haya desarrollado un hecho de violencia, siendo imposible no haber visto algo o escuchado algo. Y un segundo momento, donde los niños son sustraídos por su padre ignorándose hasta el momento su paradero.

En este caso se le ha dado la oportunidad de que hable con la verdad narrando lo sucedido. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa, y contrario a lo que se cree, ella contó en su primera declaración con el auxilio de dos abogadas particulares. En pocas palabras se encuentra en la situación actual por no contribuir al esclarecimiento de un hecho de violencia en donde se pudo haber atentado contra la vida de Cristina y la desaparición de dos menores que pudieran estar en situación de riesgo, ya que ellos también pudieron haber presenciado el hecho de violencia de que fuera objeto su madre.

En pocas palabras, su situación jurídica actual no se debe a que es pobre, sino a que oculta información fundamental para esclarecer un hecho delictivo. ¿Cuál es el aprendizaje? Guatemala está cambiando como consecuencia de la lucha de la sociedad organizada y no organizada que ha exigido erradicar la impunidad. Por lo tanto, yo ciudadano o ciudadana debo contribuir al esclarecimiento de un hecho delictivo si tengo información al respecto. No puedo quedarme callado(a) porque me vuelvo cómplice, encubro al o los responsables y eso es penado por la ley.

De por qué no se procede contra los padres, es sencillo: la ley los protege, no están obligados a declarar en contra de su hijo, así como todos estamos protegidos y no podemos declarar en contra de nosotros mismos. Ahora bien, esto no quiere decir que si llegaran a caer en conductas al margen de la ley para beneficiar o querer interferir en la aplicación de justicia no se pueda proceder. Y finalizo compartiéndoles que otro aporte de gran importancia es que este caso está visibilizando las redes que operan a lo interno del Organismo Judicial que tienen acceso a los casos desde lo administrativo. Es decir la depuración va más allá de los jueces, se necesita otro nivel de depuración, que debería ser más fácil porque está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

11 agosto 2011

Sentenciado Marco Tulio Ayala Casasola, acusado haber realizado las amenazas de muerte contra nuestra directora, Norma Cruz

Fuente: Registros propios y datos recabados del proceso.
Marco Tulio Ayala Casasola, fue sentenciado por haber realizado las amenazas de muerte contra nuestra directora, Norma Cruz. La sentencia consiste en 3 años de prisión conmutables a razón de Q 10.00 diarios.

Las llamadas telefónicas en que se le amenazaba de muerte, tanto a ella como a sus hijos, fueron hechas con el objetivo de que Fundación Sobrevivientes dejase el caso de doña Francisca Ayala, quien fue asesinada por buscar justicia para su sobrina, menor de edad, víctima de violación por un hermano del ahora sindicado.
Ver detalles del caso de amenazas en: Denuncia de amenzas contra Norma Cruz y su familia.

Escuchar audio de una de las amenzas proferidas
ANTECEDENTES
Marco Tulio Ayala es hermano de Leonel Ayala, maestro de educación acusado de violar a una menor de edad, quien fue sentenciado y dejado en libertad luego de una apelación. La jovencita violada era sobrina de doña Francisca Ayala, quien puso denuncia contra el agresor, lo cual motivo que fuese asesinada junto al Sr. Carlos Enrique Cruz Pineda, el 19 de julio de 2008. Al asesinato de doña Francisca Ayala se atribguye a Juan José Santos Barrientos quien se encuentra en detención preventiva vinculado a proceso por la muete violenta de doña Francisca.

Presentamos fragmentos de intervención de Norma Cruz durante debate oral en que por amenazas fue sentenciado Marco Tulio Ayala Casasola, el 28 de julio 2011 en el Juzgado 9º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente.

LAS AMENAZAS DE MUERTE SON UN DELITO
Son cientos de guatemaltecos los que sufren amenazas. ¿Cuántos operadores de justicia sufren amenazas, precisamente porque estamos tratando de poner un alto a la impunidad?
Yo decidí no retirarme del caso, seguir adelante, tanto en el caso de violación como en el caso del asesinato de doña Francisca. Porque era lo correcto, porque esos casos no podían quedar en la impunidad. Y yo no podía dejar abandonadas a estas mujeres.
Entonces que ellos hayan querido quebrarme a fuerza de tanta amenaza... Créame que para mí no es fácil estar aquí frente a usted y frente al sindicado, y tener que reconocer que efectivamente, si bien no lograron quebrarme y hacer que me retirara de los casos, que retirara el apoyo para que se hiciera justicia; yo no puedo negar que me afectó, [...].
Había días en que recibía 50 amenazas, una tras otra, en que se reiteraba una y otra vez que tenía que abandonar estos casos. Incluso hacían referencia a que eran parte del crimen organizado para generar más temor en mí. Me amenazaban con que iban a hacer llegar la primera cabeza en una bolsa de nylon, que le iban a quitar la cabeza a mi hija. Era un bombardeo de amenazas. Por primera vez conocí lo que es la violencia psicológica.
Yo me despertaba de noche, me despertaba con pesadillas, sentía las heridas en mi cuerpo, que eran reales. Me sentaba en mi cama agarrándome el vientre porque sentía que de veras me habían atacado. Tuve que tomar medicamentos para superar el estado emocional que ese torrente de amenazas me dejó.
Yo estoy aquí para que se haga justicia, para sentar un precedente, y que en Guatemala vayamos aprendiendo que amenazar de muerte a las personas no tiene puede ser un hobby, un pasatiempo. Sino es un delito, es un delito que contribuye a que en Guatemala haya niveles de inseguridad y que contribuye también a que muchas personas hagan silencio, no busquen la justicia.
¿Porque imagínese si me amenazaron de esa forma, que puede esperar un ciudadano común y corriente?... Lo quiebran y hacen que se retire de un caso. Por eso aquí lo que yo pido es justicia, por eso no quise llegar a ningún acuerdo, porque la población tiene derecho a saber que las amenazas de muerte son un delito y que el sistema de justicia las castiga. Que hay una ley que nos protege contra ese delito.
Hay pruebas, hay evidencia científica que demuestra ese delito [...] Además como lo dijo el señor sindicado en su primera declaración, su amistad con el señor Juan José [Santos Barrientos, acusado del asesinato de doña Francisca Ayala] si él hubiera podido darle dinero para ayudarlo él lo hubiera hecho. Entonces al no tener dinero para darle él lo que hizo fue apoyar de esta manera a esta persona, con amenazas. Está demostrado que hay un vínculo. Además se hablaba en las amenazas de dos casos concretos. El caso del señor Leonel Ayala que estaba siendo procesado en ese momento por violación [este individuo ya está sentenciado por la agresión contra la sobrina de doña Francisca], y el caso del señor Juan José Santos Barrientos [actualmente procesado por el asesinato de doña Francisca Ayala], los mensajes eran claros.
Lo que pido es que se haga justicia, por mí, por mis hijos, por Guatemala, por la familia Ayala, que digan lo que digan es una familia que ha sufrido y ha sido muy valiente para salir adelante. Una familia que se vio desintegrada; una de las menores tuvo que salir al extranjero para poder garantizar su vida. Esa familia tuvo que abandonar su comunidad para superar el efecto que tanta amenaza les estaba generando.
Estamos a un mes de iniciar el debate del Juan Jose Santos Barrientos y de alguna manera estamos preparándonos porque sabemos que vamos a seguir siendo víctimas [de intimidaciones]
Imágenes de la audiencia en el Juzgado 9o de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente que se llevó a cabo el 11 y el 28 de julio de 2011:





Ante la resolución del Juzgado 3ro de Primera Instancia Civil que ampara el regreso de Anyelí Liseth Hernández Rodríguez con su madre

DETALLES SOBRE EL CASO VER: Cunas Vacías en sitio web de Fundación Sobrevivientes

Luego de 5 años de la sustracción de la niña Anyelí Liseth Hernández Rodríguez para el mercado de las adopciones internacionales, este primero de agosto de 2011 el Juzgado 3ro de Primera Instancia Civil de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, notificó a las partes que:

Otorga amparo a favor de Loyda Elizabeth Rodríguez Morales, que durante casi cinco años ha estado exigiendo el regreso de su hija Anyelí Liseth Hernández Rodríguez, que le fue arrebatada la tarde del 3 de noviembre de 2006, ordenándose la cancelación de las inscripciones de nacimiento de Karen Abigail López García, de Karen Abigail Monahan Vanhorn, nombres bajos los cuales fue inscrita anómalamente en el registro civil del municipio de Iztapa, departamento de Escuintla.

Se ordena la cancelación del pasaporte extendido a nombre de Karen Abigail Monahan Vanhorn. Asimismo que la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, coordinen con el Embajador de los Estados Unidos de América acreditado en Guatemala la localización y restitución de la niña Anyelí Liseth Hernández Rodríguez con su madre Loyda Elizabeth Rodríguez Morales.

Por esta caso de trata de personas están vinculados a proceso nueve personas: el juez Mario Fernando Peralta Castañeda (juez de la niñez y adolescencia de Escuintla); César Augusto Galicia Prera, ex funcionario de la Procuraduría General de la Nación; César Augusto Trujillo López, ex funcionario de la Procuraduría General de la Nación; María Liseth Ríos Trujillo de Reyes, ex funcionario de la Procuraduría General de la Nación; Enriqueta Francisca Noriega Cano, de Asociación Primavera; Susana María de la Asunción Luarca Saracho, de Asociación Primavera; Saúl Vinicio García Rivera, Abogado y Notario; Alma Beatriz Valle Flores de Mejía, Abogada y Notario; y Marvin Josué Bran Galindo.

Igualmente, por este caso, junto al de las niñas Heidi Saraí Batz Par y Arlen Escarleth López y López, como Fundación Sobrevivientes hemos apoyado a las respectivas madres que no han cejado en su lucha de tener de vuelta a sus hijas junto a ellas. Estas humildes mujeres han pasado hambre, frío, temor, desolación, y en algunos momentos desesperanza. La resolución la consideramos histórica y es una luz de esperanza para todos y todas las guatemaltecas, porque la justicia en Guatemala a pesar de todos los obstáculos esta cambiando no con pasos de gigantes como quisiéramos pero si caso a caso.

Agradecemos a la población que a lo largo de estos años de lucha nos han apoyado, se han solidarizado de tantas formas, y los invitamos a seguirnos apoyando porque este es apenas un primer logro, falta camino por recorrer, porque no existen antecedentes, nos toca que hacer camino.

CASO A CASO SE ROMPE EL MURO DE LA IMPUNIDAD

Guatemala 1ro de Agosto de 2011

Para agrandar la imagen hacer click sobre la misma
Pág. 17 de 18

Pág. 18 de 18