Un hombre, portando una granada y una sub ametralladora, que fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), el 31 de diciembre y liberado por un juez horas después pertenece a la misma banda criminal que cometió el ataque contra el bus extraurbano el pasado lunes 3 de enero de 2011.
Las investigaciones de la PNC indican que este hombre habría preparado el ataque al bus de Rutas Quetzal para el 31 de diciembre, lo que fue evitado con su captura. Sin embargo, al quedar en libertad la investigación se complicó y el hecho, finalmente, fue perpetrado con la cauda de 9 muertos y más de 12 heridos.
Se identifico como ERICK SALVADOR ORTIZ CAMEY, de 27 años, quien en la base de datos de la PNC, tiene 6 antecedentes por diferentes delitos. El primero de fecha 16 de septiembre del 2002, por posesión para el consumo e intento de soborno, por portación de arma de fuego hechiza, el 16 de julio del 2005, riña y posesión para el consumo el 13 de octubre del 2003 y agresión el 7 de enero del 2004.
A pesar de ello, y de portar de manera ilegal las armas de fuego y el artefacto explosivo, el juez de turno lo dejo en libertad por falta de meritos.
ANALISTAS COINCIDEN EN QUE HAY QUE FORTALECER JUSTICIA
Diversas son las reacciones que han tenido los analistas en torno a la liberación de Erick Salvador Ortiz, de 28 años, aprehendido el pasado 31 de diciembre y sindicado de planear un atentado contra un bus o una patrulla de la Policía Nacional Civil. El acusado fue dejado en libertad pocas horas después de su captura, pese a que llevaba consigo una granada de fragmentación, una subametralladora y tres tolvas para esa arma.
Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, considera que aún hay que sensibilizar a los operadores de Justicia. “Si bien hay justos y transparentes, hay otros que todavía dejan mucho que desear y manejan criterios de que, si no son delitos de gran envergadura, lo mejor es darles una medida sustitutiva por el hecho del supuesto hacinamiento en las cárceles”, expresó.
Según la activista, los jueces deberían pensar en el potencial peligro que representa para la ciudadanía dejar a una persona como Ortiz en las calles, tomando en cuenta sus antecedentes delictivos.
Para Raquel Zelaya, directora de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), muchas veces, aunque los jueces sepan que la persona sindicada es culpable, si los investigadores no presentan las pruebas suficientes no pueden actuar.
“Hay que conocer las razones por las cuales el juez actuó de esa manera y pedir al Ministerio Público que comparta cuál fue la investigación y cómo la fundamentó”, dijo.
Mientras tanto, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Huma-nos del Arzobispado, considera que muchas veces la responsabilidad recae en los jueces. No obstante, hay investigaciones “raquíticas” y muchas capturas se hacen solo por generar imagen, aunque no se cuente con suficientes pruebas.
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