Nuevamente los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados, para ser juzgados por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura en Argentina.
Junto a Videla y Bignone también están imputados por la sustracción de 34 hijos de personas desaparecidas los ex militares Antonio Vañek, Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Franco, Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco.
La causa judicial se inició hace 14 años por pedido de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que denunció un plan sistemático de apropiación de sus nietos por parte de los militares.
Videla y Bignone cumplen en la actualidad sendas condenas a prisión perpetua por distintas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto (1976-1983). Los demás acusados son juzgados en otros juicios por diferentes delitos de lesa humanidad o están encarcelados cumpliendo penas.
Al igual que en Argentina en Guatemala durante el conflicto armado interno se generó la política de desaparecer a niños y niñas hijos de personas capturadas, tanto en el área rural como urbana. Al igual que en Argentina en Guatemala, han acompañado los procesos de búsqueda organizaciones como : Donde Están los Niños y las Niñas –ANDEN-, La Liga guatemalteca de Higiene mental, el CIIDH, y el equipo de búsqueda de niñez desaparecida de la ODHAG quienes durante varios años han realizado grandes esfuerzos que han dado resultados positivos a favor de menores y familiares hoy encontrados, se han realizado 464 reencuentros.
Es de resaltar que en el caso de Guatemala en donde predomino la impunidad, las redes de traficantes de niños y niñas que tuvieron sus origines durante el conflicto armado, se fortalecieron y continuaron actuando desde la estructura del Estado, de acuerdo a investigaciones más de 27 mil niños y niñas fueron sacadas en la etapa post conflicto, con destino al mercado de las adopciones internacionales.
Contrario a la experiencia Argentina en Guatemala los responsables de estos delitos de lesa humanidad están libres, ocupando cargos públicos en diferentes instituciones del Estado que tendrían bajo su responsabilidad garantizar no solo la protección de nuestra niñez, sino la aplicación de justicia.
En Guatemala se ha sumado el dolor de madres y padres de las desapariciones de niños y niñas del pasado con el dolor de las madres de los casos del presente, por eso la lucha de doña Olga López, Raquel Par y Loyda Rodríguez por recuperar a sus menores hijas que en este 2011 cumplen cinco años de haber sido sustraídas de sus hogares para venderlas a familias norteamericanas, es válida y necesita del apoyo de toda la sociedad guatemalteca, porque a través de su lucha es que conocimos la participación de las instituciones del Estado, es que se logro avanzar en localizar niños y niñas y se logro identificar las estructuras y modus operandi. Sabemos donde están sus hijas, y el derecho que ellas tienen a conocer su historia, pero no ha existido colaboración de parte de los padres adoptivos ni las autoridades norteamericanas.
A nivel nacional el sistema de justicia sigue diciendo no a la justicia y se sigue encubriendo a los responsables, pero tenemos la certeza que al igual que en Argentina la justicia va hacer alcanzada, y el pueblo conocerá a los responsables y la verdad de lo ocurrido.
Guatemala, 1 de marzo del 2011.
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