Detener el femicidio (II)
El asesinato de Mindi Rodas, en diciembre pasado, después de que en el 2009 sufriera a manos de su esposo una brutal agresión que le dejó el rostro desfigurado, constituye la prueba más evidente de que en Guatemala la vida de las mujeres no vale nada, o por lo menos vale tan poco que se sigue viendo con indiferencia cómo se les tortura, se les viola y se les mata —en la mayoría de los casos, por su condición de mujeres—.El machismo imperante y la convicción de que la mujer es propiedad del hombre con quien sostiene una relación, y por lo tanto, este puede hacer con ella lo que le venga en gana, han dado pie a que en los hogares, en el trabajo y en la calle se vea como natural la violencia que se ejerce contra las mujeres. Los gritos, los golpes y las agresiones sexuales son parte de la cotidianidad y parecen estar instaladas en el imaginario colectivo.
A raíz de la publicación de mi columna de la semana pasada, en la que conté la historia de Mindi, recibí una gran cantidad de correos electrónicos, en su mayoría de mujeres agredidas, que han intentado romper el círculo de la violencia y se han atrevido a poner una denuncia y como respuesta han recibido la indiferencia de las autoridades y el ensañamiento de sus agresores. En algunos casos, las medidas de seguridad que les han sido concedidas las mantienen seguras, pero ninguna ha conseguido que su caso sea presentado en los tribunales para que se haga justicia. Lo mismo le sucedió a Mindi, pues su testimonio no fue recibido por el juez como prueba anticipada ni se le brindó protección, aun cuando su vida corría evidente peligro; su voz no será escuchada en el juicio que se le sigue al que fue su esposo, porque ella fue asesinada en diciembre y el tribunal fijó fecha del juicio para junio de este año.
Como la de Mindi, en nuestro país abundan las terribles historias de odio y de violencia hacia las mujeres. “Algunas corremos con más suerte que Mindi”, me escribe una lectora, quien me cuenta el calvario que padeció durante los 18 años que duró su matrimonio. “No sé cómo no me mató. Me pegaba con lo que tuviera enfrente, paré en el hospital no sé ni cuántas veces, me encerraba y me dejaba días sin comer”, me escribe otra mujer que quedó viuda y que según sus palabras: “Recuperé mi vida cuando él murió”.
Las cifras no mienten, este país es un paraíso para los asesinos y los agresores de las mujeres. Entre el 2001 y 2010, según datos de la Policía Nacional Civil, han sido asesinadas cinco mil 369 mujeres y se ha detenido únicamente a 186 supuestos agresores —faltan en ese registro las detenciones del año pasado—. De todos los asesinatos, únicamente han ingresado en el Organismo Judicial 86 casos de femicidio; es decir, que el 87% de las muertes violentas de mujeres ni siquiera han llegado a ser conocidas por un juez. En el último año se registraron no menos de 12 mil denuncias por violencia contra la mujer —física, sexual, económica y psicológica— y se reportaron mil 88 mujeres lesionadas, además de las asesinadas, el 80% con armas de fuego. Si esto no es un paraíso de impunidad, no sé de qué otra forma podemos llamarle.
Las que están muriendo son nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras amigas. No entiendo qué más hay que esperar para emprender una lucha frontal contra el femicidio y las agresiones contra las mujeres. Las instituciones del sector justicia tienen harta responsabilidad que cumplir, pero nosotros como sociedad no podemos seguir indiferentes, esperanzados en que nunca nos llegue el turno.
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