EXIGEN APROBACIÓN DE PRÉSTAMO CON MÁS DE 4 AÑOS DE ESTAR ESTANCADO EN EL CONGRESO.

Fuente: Nota informatica elaborada con noticia publicada en los diarios: "La Hora" del 3 de Febrero de 2011 y "Prensa Libre" de fecha 4 de Febrero de 2011

Blanca Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP); Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y, Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público (MP), coincidieron en señalar que hubo una disminución en sus presupuestos, lo que podría provocar que sus programas de este año estén en riesgo de no continuar.

Claudia Paz y Paz, titular del MP, explicó que esa instancia sufrió un recorte presupuestario de Q200 millones, lo que le permitiría el pago de salarios hasta el mes de septiembre, al igual que en la CSJ.

"Estamos preocupados, la situación es realmente grave y se corre ese riesgo de colapsar en la institución", declaró Paz.

Además, Paz comentó que las donaciones de Naciones Unidas incluyen el pago de funcionarios y que el déficit presupuestario en todas las instituciones está en los gastos de funcionamiento.

Stalling afirmó que entre las dificultades está la menor contratación de abogados particulares que ayudan a esa institución.

También se redujo el período de descanso para los abogados, quienes antes laboraban un fin de semana cada mes y ahora serán dos.

Indicó que esa situación afecta las audiencias en los juzgados porque deberán espaciarse para que los profesionales del IDPP puedan asistir. Stalling expresó que solo tienen recursos para llegar a junio próximo.

Sistema de Justicia está saturado
La directora del IDPP informó, además, que la reducción presupuestaria en esa institución fue de Q25 millones, por lo que insistió en que las donaciones de Naciones Unidas pueden ser utilizadas para capacitaciones. También hizo hincapié en que "no se trata sólo del déficit, el problema es que está saturado todo el sistema de justicia", indicó.

El OJ tiene programados juicios y audiencias en primera instancia hasta finales de 2012, por lo que los representantes de esos sectores coincidieron en que los recortes presupuestarios podrían hacer más lento el acceso a la justicia.

Piden aprobación
Los tres funcionarios se reunieron ayer en la presidencia de la CSJ para analizar esta situación, la cual se complica porque el Congreso no ha aprobado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por US$30 millones, otorgado hace cuatro años y destinado a la Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia.

Ese monto podría perderse, ya que debe quedar autorizado por el Legislativo antes del 24 de abril.

Por esa razón indicaron que se reunirán con el presidente del Legislativo, Roberto Alejos, y los jefes de bloques parlamentarios, para expresarles su malestar.

En la última semana de febrero se tiene previsto que la Unión Europea les otorgue una donación de €20 millones, para que sean utilizados por esa coordinadora, que es integrada por el Ministerio de Gobernación, el MP, la CSJ y el IDPP.

Los recursos serán manejados por la secretaría de la coordinadora, expuso Archila.

Informaron que esos fondos servirán para desarrollar proyectos que ya no pueden ser financiados, debido a la falta de presupuesto.

Los tres funcionarios le dejaron al Ejecutivo la responsabilidad para que les asigne más fondos para seguir operando.

El presidente Álvaro Colom ha dejado entrever que no hay recursos para el sector justicia.

Explicó que se necesitan Q3 mil 800 millones, pero para obtenerlos se requiere aprobar una reforma fiscal.