Al renunciar Carlos Castresana como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien cae no es él, sino el sistema de justicia inoperante que tenemos. Desde hace algún tiempo, Castresana ha estado siendo víctima de una campaña en su contra, que trata de entrometerse en su vida privada. Algo sagrado que jamás debería de ser tomado en cuenta.
Acusaciones muy serias por venir de donde provienen: de un hombre intachable con un currículum extraordinario. Para colmo, en el acto de juramentación, Conrado Reyes llegó acompañado de dos personas vinculadas con el ex jefe de seguridad presidencial, Carlos Quintanilla, destituido por espionaje contra el Presidente de la República.
“Estas personas han acudido a tomar el control inmediato de escuchas telefónicas… en particular a aquellas que persiguen a los grupos que se dedican al narcotráfico”. Tales palabras no hubieran sido dichas por alguien que ha demostrado su dedicación y amor a la verdad y a la justicia.
“La figura del comisionado es, como ya estaba previsto… objeto de una campaña de desprestigio y todo dio inicio en enero, luego de las acciones contra el ex presidente Alfonso Portillo Cabrera”, aclaró Castresana. Lo cual desnuda la corrupción en que ha caído la clase política de Guatemala. ¿Solo la clase política?, me pregunto. Porque parece que el país sufre de una peste de los poderosos que ahogan a los débiles.
Como dice Gustavo Berganza (elPeriódico, 8 de junio): “En un trabajo tan delicado como el que realizaba el Comisionado Internacional para el Combate de la Impunidad hacía falta no solamente valor, conocimiento de la política, solidez jurídica ‘todo esto lo tenía Castresana’… ” .
Tres son los argumentos que señaló Castresana: existencia de tres campañas de desprestigio. En la primera incluyó a profesionales de mercadeo, que pretendían destruir su imagen para intentar desaparecer a la Cicig; la segunda se basa en ataques sistemáticos sobre supuestas conductas impropias de su vida privada, las cuales dieron inicio en enero; la tercera, la infiltración de información confidencial de las investigaciones a cargo de la Cicig; en otras palabras, una especie de espionaje.
Castresana insistió en pedir a la Corte de Constitucionalidad resolver en definitiva varios amparos, con el fin de dejar sin efecto la nómina de los seis candidatos, entre los que fue electo Reyes como jefe del Ministerio Público.
Frente a la dimisión de Castresana, activistas de sectores sociales decidieron reunirse frente a la Casa Presidencial para manifestarle su apoyo y, asimismo, hacer hincapié en la destitución de Reyes. Grupos como los de Rigoberta Menchú y Helen Mack; asimismo, otros personajes también femeninos como Iduvina Hernández y Norma Cruz calificaron a Reyes como “fiscal de la impunidad”.
Desgraciadamente, Colom no reaccionó de inmediato, como debiera ser. “A veces no se puede hacer todo lo que solicitan”, declaró. Porque la renuncia de Castresana es tan seria que afecta los tres poderes del Estado.
Lo peor que pudo haber hecho Colom es nombrar como fiscal general a Conrado Reyes, de quien se han hecho serias acusaciones.
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