“Enterremos juntos la corrupción y la impunidad” “Queremos a nuestras hijas de vuelta y castigo a los traficantes de personas”
La Fundación Sobrevivientes se ha caracterizado por su lucha por romper con el silencio en los casos de violencia contra las mujeres: ya sea violencia intrafamiliar, violencia sexual, asesinatos, homicidios y femicidios, como lo relacionado a Trata de Personas que hoy por hoy afecta a mujeres tanto niñas como adolescentes. Nuestro quehacer a estado encaminado a poner alto a la corrupción y la impunidad que genera día a día nieles de violencia, inseguridad e ingobernabilidad en nuestro país. Hemos asumido el reto de investigar, acompañar legalmente casos tanto en la vía civil como penal, para ir transformando la prevaleciente cultura de temor y silencio por una cultura de denuncia y aplicación de justicia.
En esta línea hemos avanzado en niveles de coordinación con la Policía Nacional Civil, Ministerio Público para fortalecer la fase de investigación desde nuestro quehacer como querellantes adhesivos, siendo los resultados positivos, esto también porque hemos encontrado eco en algunos jueces y juezas que de manera transparente y apegados a derecho han aplicado la ley.
Es en este marco y con el único objetivo de continuar el fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo la aplicación de justicia que damos inicio a esta nueva campaña, poniendo de ejemplo tres casos:
1. Las madres de la campaña “Cunas Vacías”
Que a dos años de haber sido robadas nuestras pequeñas hijas: Arlen Escarleth Lòpez, Angiely Rodríguez y Heidi Sarai Batz, los responsables se encuentran sin castigo y nuestras pequeñas a pesar de existir pistas que nos indican que se encuentran en Estados Unidos, aun las gestiones por lograr que se realicen las pruebas de ADN en ese país no prosperan. La población guatemalteca ha sido testigo de nuestro sufrimiento, de nuestros esfuerzos por encontrar a nuestras hijas, así como de los avances en esta búsqueda que ha veces pareciera no tener fin, pero nuestro amor de madres nos llena de fortaleza para enfrentar obstáculo y no detenernos hasta lograr que ellas retornen a nuestros hogares.
En este caminar nos hemos encontrado con personas solidarias y justas como los jueces de turno que nos han apoyado en la realización de recursos de exhibición personal, órdenes de allamiento, etc. Pero también nos hemos tropezado con operadores de justicia que han cerrado sus puertas a la justicia, dejando en libertad a las personas involucradas en estos abominables hechos, volviéndose cómplices de estas estructuras de crimen organizado que se enriquecieron con el robo y venta de niños y niñas guatemaltecas.
Estas estructuras como lo hemos demostrado a estado integrado por toda una cadena de personas que se organiza para delinquir como lo es el caso de los médicos, comadronas, sanatorios privados, abogados, registradores civiles, cuidadoras, supuestas madres biológicas, casas cunas, laboratorio donde se toman las pruebas ADN, la agencia de adopciones internacional, entre otros.
Nos preocupa que las personas involucradas en estas redes especialmente los abogados, puedan llegar a ocupar cargos en el sistema de justicia y con ello se genere una mayor corrupción a nivel del organismo judicial y no avancemos en eficientar y transparentar la justicia, por ello hemos tomado la decisión de entregar los nombres de los abogados involucrados en el trámite de las adopciones a las comisión de postulación del Congreso de la República.
2. Caso de Leonel Estuardo Ayala Casasola: por el delito de violación.
El 25 de abril último, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó por estupro a dos años de prisión conmutables a Ayala Casasola. Fue sindicado de haber violado a una adolescente de 13 años, quien es su prima, y se estableció que los abusos continuaron dos años más.
La Fiscalía y la querellante Gloria Ayala apelaron, y la Sala Segunda de Apelaciones ordenó repetir el juicio contra Ayala Casasola, quien había recobrado su libertad porque la condena era conmutable en la sentencia de primera instancia.
Familiares denunciaron que la testigo Francisca Ayala Pinto fue asesinada en represalia porque declaró en el juicio por violación de una menor, contra el ex profesor Leonel Estuardo Ayala Casasola. Durante el juicio ella y su hermana recibieron constantes amenazas de muerte para que desistieran del proceso. La familia de la menor denunció las intimidaciones en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y estas instancias les buscaron seguridad.
Francisca Ayala fue asesinada con arma de fuego en su residencia, el 19 de julio último, a las 11.45 horas, frente a su hijo de 10 años, en El Zapote, El Jícaro, El Progreso. Se han interpuesto recursos de amparo por parte del agresor Leonel Estuardo Casasola Ayala lo cual a obstaculizado la realizado del juicio por el delito de violación.
En este caminar nos hemos encontrado con personas solidarias y justas como los jueces de turno que nos han apoyado en la realización de recursos de exhibición personal, órdenes de allamiento, etc. Pero también nos hemos tropezado con operadores de justicia que han cerrado sus puertas a la justicia, dejando en libertad a las personas involucradas en estos abominables hechos, volviéndose cómplices de estas estructuras de crimen organizado que se enriquecieron con el robo y venta de niños y niñas guatemaltecas.
Estas estructuras como lo hemos demostrado a estado integrado por toda una cadena de personas que se organiza para delinquir como lo es el caso de los médicos, comadronas, sanatorios privados, abogados, registradores civiles, cuidadoras, supuestas madres biológicas, casas cunas, laboratorio donde se toman las pruebas ADN, la agencia de adopciones internacional, entre otros.
Nos preocupa que las personas involucradas en estas redes especialmente los abogados, puedan llegar a ocupar cargos en el sistema de justicia y con ello se genere una mayor corrupción a nivel del organismo judicial y no avancemos en eficientar y transparentar la justicia, por ello hemos tomado la decisión de entregar los nombres de los abogados involucrados en el trámite de las adopciones a las comisión de postulación del Congreso de la República.
2. Caso de Leonel Estuardo Ayala Casasola: por el delito de violación.
El 25 de abril último, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó por estupro a dos años de prisión conmutables a Ayala Casasola. Fue sindicado de haber violado a una adolescente de 13 años, quien es su prima, y se estableció que los abusos continuaron dos años más.
La Fiscalía y la querellante Gloria Ayala apelaron, y la Sala Segunda de Apelaciones ordenó repetir el juicio contra Ayala Casasola, quien había recobrado su libertad porque la condena era conmutable en la sentencia de primera instancia.
Familiares denunciaron que la testigo Francisca Ayala Pinto fue asesinada en represalia porque declaró en el juicio por violación de una menor, contra el ex profesor Leonel Estuardo Ayala Casasola. Durante el juicio ella y su hermana recibieron constantes amenazas de muerte para que desistieran del proceso. La familia de la menor denunció las intimidaciones en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y estas instancias les buscaron seguridad.
Francisca Ayala fue asesinada con arma de fuego en su residencia, el 19 de julio último, a las 11.45 horas, frente a su hijo de 10 años, en El Zapote, El Jícaro, El Progreso. Se han interpuesto recursos de amparo por parte del agresor Leonel Estuardo Casasola Ayala lo cual a obstaculizado la realizado del juicio por el delito de violación.
3. Darwin Raul Cobar Cabrera y Judith Celina Paz Vargas de Cobar: homicidio culposo
El proceso se inicio en Chiquimula, pero por gozar de antejuicio el sindicado se envío a la Corte Suprema de Justicia quien ya declaro con lugar dicho proceso, sin embargo el sindicado Licenciado Josè Reynaldo Galván Casasola, juez de primera instancia penal del departamento de Izabal, solicito amparo a la Corte de Constitucionalidad, amparo que fue denegado provisionalmente, lo que obliga a la Corte Suprema de Justicia que envíe la resolución y el expediente del Antejuicio al Juzgado Primero de Instancia Penal de Chiquimula para que el proceso continúe, el antejuicio se tramito con el numero 123-2007, la causa en Chiquimula es 217-2007 oficial 5º.
Ante esta situación estaremos realizando acciones de calle consistentes en:
El proceso se inicio en Chiquimula, pero por gozar de antejuicio el sindicado se envío a la Corte Suprema de Justicia quien ya declaro con lugar dicho proceso, sin embargo el sindicado Licenciado Josè Reynaldo Galván Casasola, juez de primera instancia penal del departamento de Izabal, solicito amparo a la Corte de Constitucionalidad, amparo que fue denegado provisionalmente, lo que obliga a la Corte Suprema de Justicia que envíe la resolución y el expediente del Antejuicio al Juzgado Primero de Instancia Penal de Chiquimula para que el proceso continúe, el antejuicio se tramito con el numero 123-2007, la causa en Chiquimula es 217-2007 oficial 5º.
Ante esta situación estaremos realizando acciones de calle consistentes en:
- Plantón ante la corte suprema de justicia demandando depuración de los jueces comprometidos con actos de corrupción.
- Aplicación de justicia en los casos mencionados.
- Aunar esfuerzos para que las niñas retornen a Guatemala.
Estamos conscientes que hay muchos casos en la impunidad, de otro tipo de hechos de violencia por lo cual hacemos un llamado a todos aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que se quieran unir a esta campaña lo hagan, que unamos esfuerzos por alcanzar la justicia.
Fundación Sobrevivientes
Guatemala, 13 de abril del 2009.
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