Fuente: Edición digital de "Noticias de Bizkaia"
Autora: Marta Martínez
Las víctimas tienen entre 15 y 20 años. Los agresores cada vez son más jóvenes. Algunos, incluso, empiezan con 13 años. La situación de inseguridad convierte a Guatemala en un país extremadamente peligroso para las mujeres. Un gran número de jóvenes y niñas se convierten en víctimas de abusos sexuales, caen en redes de tráfico personas o son asesinadas. Con apenas trece millones de habitantes, el país centroamericano es el segundo lugar del mundo en feminicidio. El primero es Rusia. Y la tendencia se ha mantenido estos últimos cinco años: 2009 cerró con 708 mujeres muertas.
¿Qué factores influyen para que se den estos índices de violencia?
El primero es la inseguridad. Tenemos niveles de violencia muy fuertes. Y si lo juntamos con la cultura patriarcal, machista; la lógica con la que actúan algunos grupos de crimen organizado, donde una mujer se convierte en un elemento de marcar territorio, de tomar control de ciertas áreas, eso conlleva a que las mujeres, hoy por hoy, estén expuestas, primero a la violencia sexual. Si el número de asesinatos de mujeres son elevados, también el de violaciones. Un 50% de las mujeres asesinadas ha sido víctima también de violencia sexual. Y luego está el tema de la impunidad.
¿A qué grupo de mujeres afecta más la violencia en Guatemala?
A las mujeres que están entre los 13 y los 25 años. Es el grupo en el que se da el índice más alto de trata y de muertes violentas. Y el grueso está entre los 15 y 20 años. Vemos con mucho dolor que las víctimas son cada vez más jóvenes, pero también los agresores. Hoy tenemos niños de 13, de 14 años que ya cometen violaciones o forman parte del sicariato.
Es muy preocupante el tema de la trata de personas...
Guatemala está ocupando el segundo lugar, después de China, en tráfico de seres humanos. Somos un país tanto de paso, como receptor y exportador. Hemos logrado, en 2009, que la ciudadanía tome conciencia de esa problemática y que se asuma un compromiso por parte del Estado. Se logró la ley de explotación sexual y de trata. Hemos logrado que se cree una fiscalía especial y ahora estamos tratando de tocar al sistema judicial, para que los jueces empiecen a emitir sentencias en base a ese marco legal.
Las cifras son realmente alarmantes.
Hay que llamar a esta problemática por su nombre, porque se le ha querido poner adornos que de alguna manera invisibilizaban el tráfico de seres humanos. Lo que se considera, a nivel de mercado, las adopciones internacionales, acá está tipificado como trata. Somos el segundo país del mundo en exportador de niños y niñas. A nivel de adolescentes se calcula, aproximadamente, que tenemos alrededor de 15.000 menores de edad que están siendo víctimas de explotación sexual en bares, prostíbulos. Las cifras sí son bastante alarmantes.
En 2008 se aprobó una ley contra el feminicidio. ¿Cómo está funcionando?
Con la ley contra el feminicidio conseguimos que hubiera una persecución de oficio por parte del Estado guatemalteco al tema de la violencia física, psicológica, patrimonial de las mujeres. Pero, de alguna manera, no ha funcionado todo lo que quisiéramos, porque la estructura que se establece en la ley, como crear las fiscalías de la mujer, no se ha dado. También tenemos serias limitaciones.
Como, ¿cuáles?
El número de elementos de seguridad que conforman la Policía están muy por debajo de los grupos organizados. Resulta que, hoy por hoy, los delincuentes están mejor armados, mejor equipados y son más numerosos que nuestras fuerzas de seguridad. De alguna forma, la mujeres que son víctimas, ya sea por parte de su pareja como por personas externas al núcleo familiar viven en zonas que aquí están señaladas como zonas rojas, de alto riesgo. Y muchas veces, para poder penetrar a estas áreas y poner a salvo a una mujer, se necesita de elementos muy bien equipados y con un buen armamento.
¿Ha habido algún aspecto positivo?
Esas son las limitaciones que se han tenido y el motivo por el cual no logramos que disminuyan las cifras de muertes violentas de mujeres. Aunque sí hay que reconocer que un mayor número de mujeres está rompiendo el silencio y que está denunciando los hechos de violencia a los que son objeto. Lo que necesitamos es tener mayor capacidad de respuesta para evitar que una mujer que hoy ha sido amenazada, ya sea por la pareja o por un grupo de crimen organizado tenga la protección necesaria para que no le quiten la vida.
¿Qué labor cumple la Fundación Sobrevivientes ante esta panorama?
Nos hemos especializado en la investigación criminalística y en el litigio estratégico. Hoy por hoy, llevamos todos los casos referentes a violencia de género, trata de personas y todo lo referente a feminicidios, homicidios y asesinatos de mujeres. Todos los casos que recibimos, que son entre 500 y 800 al año, los llevamos al sistema de justicia, aprehendemos a los responsables y les llevamos a juicio para que sean castigados.
¿Cuáles son sus logros de estos últimos años?
Hemos avanzado bastante, hemos logrado coordinarnos con las fuerzas de seguridad para las capturas, hemos logrado que el ministerio público responda más profesionalmente a los procesos de investigación, pero definitivamente todavía no es en toda la institución. Todavía depende mucho del compromiso de cada fiscal. Por lo tanto, los casos que logramos llevar a juicio es por la buena voluntad de algunos funcionarios públicos. Otro problema que tenemos es el nivel de compromiso de parte de los jueces. Muchas veces logramos llevarlos ante la justicia, pero es el juez quien decide, y si ese juez está impregnado de toda esa cultura patriarcal, machista, aunque logremos sentencias, muchas veces son mínimas.
¿Perciben ustedes un mayor compromiso por parte del actual gobierno que de los anteriores?
En materia del tema hacia las mujeres y en tema de seguridad no podemos decir que haya un cambio. Lastimosamente, nosotras dependemos mucho de que los funcionarios que ven los casos día a día tengan esa disposición. Y ahí sí que ha sido una lucha constante, de que no nos cambien autoridades que ya están comprometidas. Todavía nos falta comprometer mucho más a las autoridades actuales. Y otro problema grave que hay es que nuestro país tiene una recaudación tributaria baja, entonces, el gobierno no cuenta con los fondos suficientes.
18 enero 2010
SISTEMA DE NN.UU. CONDENA AMENAZAS CONTRA NORMA CRUZ, DIRECTORA DE FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES
Comunicado de Prensa del Sistema de Naciones Unidas de fecha 13 de enero de 2010
Fundación Sobrevivientes está integrada por sobrevivientes de violencia que laboran como defensoras de los derechos humanos de las mujeres en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, trata de personas y asesinatos de mujeres. El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala expresa su preocupación ante estos hechos, que se suman al creciente número de amenazas registradas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
El Sistema de las Naciones Unidas hace un llamado para que las autoridades competentes actúen mediante investigaciones prontas, exhaustivas y eficaces con el fin de identificar, procesar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las amenazas en contra de la Sra. Cruz. Además, exhorta a las instituciones del Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la Sra. Cruz y del personal de Fundación Sobrevivientes, así como a implementar con urgencia medidas eficaces para proteger el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Guatemala.
El Sistema de las Naciones Unidas expresa su solidaridad con la Sra. Norma Cruz y con el personal de Fundación Sobrevivientes, al tiempo que les alienta a continuar con su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
12 enero 2010
ONG GUATEMALTECAS PIDEN PROTECCION PARA NORMA CRUZ
Fuente: Sitio web de CIMAC Noticias
Organizaciones femeninas de la sociedad civil, exigieron a las autoridades que tomen las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida de Norma Cruz, directora de la Asociación Sobrevivientes, quien ha recibido constantes amenazas de muerte.
De acuerdo con varios comunicados de prensa, las organizaciones subrayaron que estas acciones tienen como objetivo intimidar a Cruz y a quienes trabajan en Sobrevivientes, además de afectar tanto a mujeres como a las organizaciones, que promueven la justicia y buscan romper el muro de la impunidad en Guatemala.
Tanto agrupaciones como feministas, solicitaron al Ministerio Público investigue a profundidad el origen de las amenazas y deduzca la responsabilidad penal de aquellas personas que se vean involucradas en las mismas.
Las organizaciones de derechos humanos, principalmente la Procuraduría, deben promover acciones de solidaridad, apoyo y vigilancia para proteger la vida de Cruz, subrayaron las demandantes.
Ana Silvia Monzón, integrante del Colectivo Voces de Mujeres, consideró contradictorio que mientras se reconoce públicamente la labor de Cruz y de la Fundación, aumente la presión y las amenazas contra ella, situación que pone en riesgo no sólo su seguridad personal, sino el trabajo que desarrolla.
La Fundación Sobrevivientes es una institución sin fines de lucro, conformada por mujeres sobrevivientes de algún tipo de violencia y atiende, desde 2001, a mujeres víctimas de violencia y sobrevivientes de ésta. En los últimos años se ha dedicado también a la localización de niños robados y dados en adopción ilegal.
En palabras de Norma Cruz, fundadora de Sobrevivientes publicadas en su página Web señala “la iniciativa empieza cuando me toca enfrentar el caso de mi hija, quien fue víctima de abusos y violación por parte de quien fuera mi esposo. Me tocó enfrentar la violencia contra las mujeres, en especial la sexual. Un tema del que se habla poco, pero que tiene un impacto grande.
Con el tiempo, me di cuenta de que hacían falta organizaciones que atendieran esta problemática. Ahí surgió la Fundación Sobrevivientes con el problema de la violencia sexual, pero luego se sumó la agresión intrafamiliar y, más tarde, se acercaron familiares de mujeres asesinadas, recordó la activista.
Entre las organizaciones que rechazan las amenazas contra Cruz están la Asociación Política de Mujeres Mayas “Moloj”, la Asociación Mujer Vamos Adelante, el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), Convergencia Cívico Política y de Mujeres, la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica y la Red de Mujeres Agricultoras (REDMA).
En el mismo portal, Cruz explicó que las amenazas por el caso de la muerte de Francisca Ayala, quien denunció a los violadores de una sobrina, comenzaron el pasado 31 de diciembre, vía telefónica y que éstas no son sólo contra su persona; también son contra la fundación, contra su familia y contra los parientes de Ayala.
De acuerdo con la activista de Sobrevivientes, las intimidaciones surgieron por la inminente apertura del juicio contra Juan José Santos Barrientos, acusado de la muerte de Ayala. La mujer fue asesinada en el 2008.
Ayala era parte acusadora en el proceso contra los violadores de una sobrina, mientras que Cruz es querellante adhesiva en los dos casos, en la muerte de Ayala y en la violación de la joven.
“Me han dicho que abandone el caso o me enviarán las cabezas de mis hijos en una bandeja”, dijo Cruz, galardonada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2009 con el premio Mujeres de Valor, reconociendo su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.
Cruz señaló que la apertura a juicio estaba prevista para ayer, pero la audiencia no se llevó a cabo debido a que el reo no se presentó con el argumento de que tenía molestias estomacales. Además, dijo la activista, no estaba presente la juez encargada de dicha judicatura, y la jueza suplente no desarrolló ningún trámite.
Pareciera, dijo, que todos estaban de acuerdo y que todos los que amenazan son cómplices. Ante esta situación, hizo un llamado al Sistema Penitenciario para que no se preste a brindar privilegios a Santos, quien está recluido en el Preventivo de la zona 18.
Norma Cruz, fue reconocida como “Personaje del Año” en Prensa Libre, por su labor a favor de la justicia hacia las mujeres y la erradicación de la impunidad.
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