La renuncia de las víctimas a continuar con la investigación e incluso el retiro de demandas judiciales son dos de los más fuertes obstáculos que enfrentan los casos de violencia contra mujeres, señalan representantes de las fiscalías de la Mujer y Delitos contra la Vida.
Por la periodista Sandra Váldez A los obstáculos para resolver los casos se suman las deficiencias en las pesquisas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según las estadísticas, cada vez hay más muertes de mujeres; solo en el 2009 se cometieron 720 asesinatos de este tipo, y se calcula que en este año el promedio ha sido de 60 víctimas por mes, de acuerdo con un estudio de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
La muerte es la expresión extrema de la violencia física, que ha menudo ha sido precedida por denuncias por golpes y falta de asistencia económica.
Sin embargo, la renuncia de las víctimas o sus familiares, una vez iniciadas las investigaciones y diligencias judiciales, es una de las grandes barreras para la impartición de justicia.
Dora Monzón, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, refiere que es la situación económica la que obliga a muchas mujeres, víctimas de la violencia física, a renunciar a sus demandas, ya que no tienen cómo mantener a sus hijos.
Yolanda Sandoval, jefa de la Fiscalía de la Mujer y Niñez Víctima, agregó que cuando las víctimas regresan con sus agresores, estos las vuelven a golpear y cada vez es más fuerte. “Es un proceso cíclico”, afirma.
En los casos de asesinato, también se han enfrentado con que los familiares de la víctimas, por miedo a represalias, renuncian a seguir el proceso.
Deficiencias institucionales
El miedo no es el único factor por el cual los agresores quedan impunes, Monzón y Sandoval coinciden en que las deficiencias en las investigaciones de la PNC, así como en la presentación de los informes de la División Especializada en Investigaciones Criminalísticas constituyen otro lastre para la justicia.
“La interpretación de la persona que hace la investigación es importante para el proceso”, asegura Sandoval.
El informe de supervisión administrativa sobre la aplicación de la Ley contra el Femicidio, de la PDH, determinó que además de la renuncia de las víctimas y sus familiares, también hay falta de colaboración por parte de testigos.
Para ese informe fueron entrevistadas 71 personas, hombres y mujeres con cargos en fiscalías, quienes confirmaron lo señalado por Sandoval y Monzón.
El documento denuncia la inexistencia de bases de datos criminalísticas y evaluaciones de sangre, balística o impresiones dactilares, a lo que se agrega la carencia de investigadores y recursos, la mala protección de la escena del crimen y documentación insuficiente.
También se confunde femicidio con violencia intrafamiliar, y hay falta de coordinación institucional y pruebas defectuosas.
Donald González, vocero de la PNC, dijo que hay deficiencias, pero están en el proceso para capacitar y especializar al personal.
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