Embajadores, sociedad civil, Gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se congratularon por la aprobación de la ley antimafias, que permitirá que los operadores de justicia decomisen bienes adquiridos o creados con dinero proveniente de hechos ilícitos.
La norma finalmente quedó aprobada para 47 delitos; si se establece que personas incurren en ellos generando lucro, las autoridades podrán iniciar un decomiso.
Según el magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, el procedimiento de extinción es un mecanismo simple, y afirmó que no debe atemorizar a los propietarios de bienes en general.
Para comenzar el proceso de decomiso, el Ministerio Público (MP) deberá presentar ante un juez pruebas contundentes de que un bien fue creado, adquirido o utilizado por delincuentes.
Documento originalmente alojado en sitio web de FUNDESA. La ley entrará en vigencia en junio próximo, pero desde ahora en los operadores de justicia y el Ejecutivo pesa la mayor responsabilidad; en los primeros, de capacitarse y adaptar el mecanismo de extinción de bienes, y en los segundos, de emitir un reglamento de la norma.
La ley deja establecido como disposición transitoria que al momento de su entrada en vigencia, en los casos penales bajo investigación y donde existan causales, el MP comenzará de inmediato las pesquisas para el ejercicio de extinción.
Además, el Estado deberá asignar Q10 millones anuales para cubrir los gastos de instalación de las instancias que se encargarán de ejecutar la disposición.
El diputado ponente de la ley, el unionista Mariano Rayo, dijo que luego de la aprobación del Congreso ahora comienza el reto.
Afirmó que ya se han tenido reuniones para hacer con los operadores de justicia una calendarización para capacitación, así la Fiscalía y los juzgados adapten la mecánica de la norma.
Rayo aseguró que ahora tiene como reto convocar al Ejecutivo para que emita un reglamento de la ley con cuestiones específicas cuanto antes, y que no pase como con la del Crimen Organizado, que ha demorado años el reglamento.
También queda pendiente la creación del consejo nacional de administración de bienes de extinción de dominio, que estará adscrito a la Vicepresidencia de la República; esa instancia deberá comenzar funciones en julio del 2011.
De ese consejo dependerá una secretaría encargada de ejecutar las decisiones en cuanto a la administración de los bienes decomisados a las mafias.
La distribución del dinero incautado, lo que había generado algunas gestiones de instituciones de justicia, que pretendían llevar la distribución más a su favor, quedó definida de la manera siguiente:
El 25 por ciento, para el Organismo Judicial; el 20 por ciento, para cubrir gastos de unidades de métodos de investigación creadas por la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Otro 20 por ciento será para el MP; el 18 por ciento, para el Ministerio de Gobernación; el 15 por ciento, para fondos privativos de la Secretaría de Administración de bienes de Extinción de Dominio, y el 2 por ciento, para la Procuraduría General de la Nación.
ALCANCE INTERNACIONAL
La ley en su artículo ocho establece que si existieran convenios internacionales sobre extinción de dominio y se tuviera conocimiento de propiedades de personas investigadas podrán, incluso, trasladarse a esos países a buscar pruebas y presentarlas ante el juez que conozca el caso en Guatemala, y esto tendrá valor probatorio.
SATISFACCIÓN
Stephen McFarland, embajador de Estados Unidos, por medio de correo electrónico, expuso: “Vemos con optimismo la aprobación de la ley de extinción de dominio, que dará a Guatemala la capacidad de utilizar los recursos incautados de bienes ilícitamente adquiridos para apoyar a las instituciones de seguridad y de justicia del país”.
Agregó: “Con la aprobación de esta importante ley, el Congreso ha dado un mensaje claro de voluntad política para combatir el narcotráfico y el crimen organizado”.
Diego Álvarez, portavoz de la Cicig, expresó: “La ley no es una propuesta de la Comisión; sin embargo, se apoyó desde el inicio y en este momento vemos muy positivo que se haya aprobado una norma que a nivel internacional le ha servido a varios países, cada uno con su ley, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico”.
La embajadora de España, Carmen Díez Orejas, también mostró satisfacción porque “Guatemala tenga un instrumento que permitirá, por una parte, atacar la base económica del crimen organizado, y, por otra, proveerá al Estado de recursos económicos para combatirlo”.
Añadió: “Además la experiencia ha demostrado que en los países en los que se ha adoptado una ley similar, la extinción de dominio ha sido una herramienta útil para luchar contra los grupos que realizan actividades ilegales”.
BUENA DECISIÓN
Ana María de Klein, de la agrupación Madres Angustiadas, opinó: “Es una buena decisión de los partidos políticos de aprobar la ley; ya no podían seguir atrasándola, porque se estaba dando el mensaje de que querían proteger los bienes de los grupos que perseguirá la norma”.
“Ahora, la responsabilidad se la sacó el Congreso y pasa a los operadores de justicia, que deberán adoptar el mecanismo de extinción y hacerlo con responsabilidad y sin dejarse presionar”, insistió.
El magistrado Barrientos comentó: “El Congreso ha generado un instrumento valioso a la sociedad guatemalteca y especialmente al sector justicia para enfrentar la impunidad y los hechos ilícitos, y va a ser una gran ventaja tener la ley”.
“Permite evitar que las personas que se han enriquecido ilícitamente puedan mantener el uso y la utilización de propiedades para cometer nuevos delitos”, dijo.
“Falta que el Ejecutivo sanciones la ley, pero tenemos seis meses para prepararnos y crear las condiciones de implementación y, sobre todo, trabajar en capacitación para hacer viable esta ley”, indicó.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, se mostró satisfecha por la aprobación, aunque lamentó que esta tuviera que darse luego de presiones sociales y no por la voluntad del Congreso.
